La construcción de dos plantas desaladoras en Baja California bajo el esquema Asociación Público Privada (APP) propuestas por el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid, dejarán embargada a la entidad durante 37 años, donde los únicos beneficiados serán empresarios y políticos cercanos a la clase gobernante.
En conjunto, los particulares tendrán ingresos superiores a los 57 mil millones de pesos durante los años de operación; lo que incrementará 30 por ciento el costo del agua en la entidad, según un estudio del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Mexicali.
Una de esas plantas estará ubicada en el municipio de Playas de Rosarito, tiene por objetivo producir 4 mil 400 litros de agua por segundo y fue planeada desde el 2005 por empresarios estadounidenses con la intención de abastecer la demanda en el sur de California.
La empresa Aguas de Rosarito se conformó el 17 de agosto del 2016 con un capital de apenas 100 mil pesos, según el Registro Público del Comercio, un mes después que la Comisión Estatal del Agua (CEA) emitiera el fallo a favor del consorcio ganador conformado por tres empresas: NSC Agua (México), Degremont (Francia) y Nuwater (Sudáfrica).
La principal irregularidad en el caso de NSC Agua es el nexo familiar entre uno de los socios, Alejandro de la Vega Valladolid y su primo Antonio Valladolid Rodríguez, exsecretario de Planeación y Finanzas del Estado, autor intelectual de los proyectos de las desaladoras.
Aun sin la existencia de una ley estatal que permitiera la creación de desaladoras, De la Vega y asociados gastaron alrededor de 20 millones de dólares en la compra de dos terrenos para la construcción de la planta, uno en 2013 y otro más en 2014, un año antes de que se lanzara la licitación.
Otra empresa que conforma el consorcio es Degremont, filial de la francesa Suez Environnement, señalada por realizar proyectos de privatización de agua en distintas partes del mundo. La empresa es dirigida por Larry Fink, empresario que en su momento alabó las reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto.
Actualmente, los proyectos se encuentran detenidos debido a problemas financieros, ya que el contrato obliga al Gobierno del Estado a conseguir una línea de crédito para obtener recursos extraordinarios, en caso de no poder cubrir el pago de la contraprestación a los particulares, plazo que vence el próximo 31 de diciembre de este 2019.
Tras asumir el cargo como gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez se pronunció respecto a la desaladora de Playas de Rosarito, proyecto al que consideró necesario, pero lo calificó de inviable, toda vez que impactaría negativamente las finanzas del estado.
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
