Una lección central de la administración pública es que ninguna institución, por sólida que sea, puede cumplir por sí sola todos sus objetivos.
A medida que las sociedades se vuelven más complejas, también crecen los retos de gobierno. Por ello, la coordinación institucional dejó de ser una práctica deseable: hoy es una condición del buen gobierno.
En México, la fiscalización, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción han seguido esa lógica. La legalidad se robustece cuando las instituciones comparten información, desarrollan capacidades y mantienen espacios de colaboración. Cooperar no sustituye atribuciones ni limita autonomías; permite ejercerlas con mayor eficacia en favor de la sociedad.
Con esta visión, las dependencias impulsaron recientemente dos instrumentos de colaboración. El primero fortalece el intercambio de información con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para consultar antecedentes de sanción, registrar inhabilitaciones y evitar contrataciones que infrinjan la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El segundo establece las bases de cooperación entre los órganos internos de control de los organismos constitucionalmente autónomos: FGR, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Además de sus efectos prácticos, este último convenio marco ayudará a formar una red de capacidades institucionales, pues permitirá compartir métodos de auditoría, experiencias jurídicas y criterios sobre transparencia, protección de datos o gestión de riesgos, así como mecanismos de atención y canalización de denuncias, y técnicas de investigación. Es decir, el convenio beneficia a las instituciones participantes y optimiza el desempeño del Estado.
Muchas mejoras institucionales no nacen de grandes reformas, sino de aprender de otras experiencias e intercambiar soluciones. Conocer a tiempo una práctica exitosa o corregir una falla ya detectada por otra institución puede ser decisivo para prevenir riesgos y perfeccionar la actuación gubernamental.
Los órganos internos de control no solo investigan y sancionan faltas administrativas, también protegen derechos, promueven la integridad pública, mejoran procesos y previenen conductas que afectan el interés colectivo. La coordinación refuerza esta tarea preventiva y permite pedir apoyo especializado cuando un asunto lo requiere.
Los retos actuales exigen instituciones sólidas y capaces de compartir conocimientos, coordinar esfuerzos y actuar con visión estratégica. La confianza ciudadana no depende únicamente de que existan normas, sino de que las autoridades las hagan efectivas mediante una actuación conjunta, proactiva y oportuna.
En suma, fortalecer estas redes institucionales contribuye a hacer efectivas la legalidad, la transparencia y la integridad pública. La colaboración no es un fin en sí misma, sino un medio para proteger derechos, prevenir la corrupción y mejorar la calidad del servicio público.
De ahí que coordinar capacidades y compartir conocimiento constituya una responsabilidad frente a la sociedad. Solo mediante instituciones que actúen de manera conjunta y oportuna será posible consolidar el Estado de Derecho y recuperar la confianza ciudadana.
