El aseguramiento de una “minirrefinería” ilegal en Coatzacoalcos, Veracruz, destinada a procesar el hidrocarburo robado, ha puesto nuevamente en la agenda pública la crisis de incidencia de dicho delito, así como la capacidad que los criminales tienen para cometer sus ilícitos.
En 2014 en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) publicó un estudio que analizó cómo se habían comportado los robos en el país de 1997 a 2013. La gran innovación de dicho reporte fue incluir el robo de hidrocarburo, un delito del que en ese entonces, rara vez se hablaba.
Entre los hallazgos, se puso en evidencia que dicho ilícito ya en esa época representaba una pérdida importante de recursos para el Estado Mexicano, un ingreso significativo para los criminales y un disparador de violencia y corrupción.
Autoridades y medios de comunicación retomaron el estudio como insumo principalmente para hablar sobre robo a transeúnte en la vía pública y sobre el robo a transporte de carga.
Es hasta 2016, concurrentemente con el aumento sustancial de los homicidios dolosos que el huachicol se volvió parte de la discusión públicamente relevante de seguridad.
Pese a promesas, declaraciones y a una supuesta guerra contra el huachicol —puesta en marcha al arranque del sexenio pasado—, el delito se disparó y ha roto récords negativos año con año.
¿Por qué ha sido tan difícil combatir este delito? Para combatir este ilícito se debe estructurar una sólida y consistente política federal y local que contemple como parte de ella el combate a la corrupción y la colusión entre autoridades y delincuentes; la protección tanto de los técnicos de Pemex —que diariamente son obligados a informar sobre la localización y flujo de los oleoductos—, como de aquellas víctimas que denuncian este delito y la persecución de su venta.
De nuevo, si bien el que haya costado 5 mil 500 millones de pesos de pérdida el huachicoleo, en tan sólo el primer trimestre de este año, es gravísimo, no es nada si se compara con la crisis humanitaria que representan los homicidios y las desapariciones relacionadas con su ocurrencia.
Combatir eficazmente el robo de hidrocarburo permitirá reducir los homicidios, la aparición de fosas clandestinas, el aumento de personas desaparecidas, mejorará las finanzas públicas y la capacidad del Estado de invertir en sectores tan necesarios como el de salud, educación y seguridad, por citar algunos.