La gestión compartida de los recursos hídricos entre México y Estados Unidos ha sido históricamente un tema de cooperación y, en varias ocasiones, de tensión binacional.
El Tratado de Aguas de 1944 entre ambos países, que regula la distribución de las aguas de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo (río Grande en EU), ha sido fundamental en esta relación. Sin embargo, factores como el cambio climático, sequías prolongadas, el crecimiento demográfico y ahora la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense han puesto presión al gobierno mexicano para su cumplimiento.
La situación ha generado preocupaciones políticas y diplomáticas. Legisladores estadounidenses han instado a las autoridades pertinentes a tomar medidas para garantizar el cumplimiento del tratado por parte de México. En una carta dirigida al ahora secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, el senador John Cornyn y otros colegas le expresaron que “su liderazgo puede reforzar críticamente la importancia de que México proporcione entregas de agua consistentes conforme al tratado que tenemos”.
Además, solicitaron “un esfuerzo renovado para negociar disposiciones justas que garanticen que México proporcione entregas de agua anuales, similares a las entregas anuales requeridas por Estados Unidos a México en el mismo tratado”.
Presión y sanciones
Ante el incumplimiento de México en la entrega de agua, EU podría considerar diversas acciones de presión y sanciones para asegurar el cumplimiento del tratado. El gobierno de Donald Trump podría retener la ayuda económica y financiera destinada a México hasta que se resuelva el problema del agua.
Otra acción que Estados Unidos podría considerar es presionar para una revisión del Tratado de Aguas de 1944. El objetivo sería modificar las cláusulas existentes para garantizar un reparto más equitativo del agua y establecer mecanismos de cumplimiento más estrictos.
Aunque el tratado ha demostrado flexibilidad a lo largo de los años mediante el sistema de minutas, “una revisión formal podría abordar de manera más efectiva las preocupaciones actuales relacionadas con el cambio climático y la variabilidad en los recursos hídricos”, recomienda el especialista David Getches, profesor de Derecho en la Universidad de Colorado y especialista en tratados internacionales.
EU también podría optar por llevar el caso a tribunales internacionales o instancias de arbitraje para resolver el conflicto y asegurar el cumplimiento del tratado.
Finalmente, Estados Unidos podría intensificar la presión diplomática sobre México, utilizando canales diplomáticos para negociar una solución al conflicto y asegurar el cumplimiento de las obligaciones hídricas. La cooperación bilateral ha sido clave en la gestión de recursos compartidos, hasta antes de Trump.
Un llamado discreto
Durante su audiencia de confirmación, el senador Cornyn cuestionó específicamente a Rubio sobre el Tratado de Aguas de 1944.
“Me gustaría obtener tu compromiso de trabajar con nosotros para intentar simplemente que México cumpla los requisitos que le impone el tratado, y si no lo hace voluntariamente, buscar palancas y formas de persuadirles para que hagan”, le dijo el senador. “Absolutamente… Tiene implicaciones reales no sólo para el estado de Texas, sino en general para Estados Unidos”, fue la respuesta de Rubio.
A diferencia de Rubio y González, la congresista Mónica De La Cruz ha tomado un enfoque más activo al proponer legislación para obligar a México a cumplir con el tratado. Representante también de Texas, De La Cruz presentó una legislación bipartidista que exige al Departamento de Estado tomar medidas concretas para asegurar la entrega del agua por parte de México. En su comunicado oficial, destaca que “la legislación obliga al secretario de Estado a aprovechar todo el espectro de herramientas diplomáticas estadounidenses para aplicar el tratado existente por parte de México”.
Adversidades
En las últimas décadas, la región fronteriza entre México y Estados Unidos ha enfrentado situaciones muy abruptas debido a condiciones climáticas adversas. La prolongada sequía, exacerbada por el cambio climático, ha reducido los caudales de los ríos compartidos, dificultando el cumplimiento de las obligaciones por parte de México establecidas en el tratado.
Esta escasez de agua ha tenido repercusiones económicas y sociales en ambos países. Hay fuertes diferencias entre agricultores texanos y chihuahuenses, lo que en 2020 casi provoca una desavenencia diplomática entre ambos países.
La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) ha desempeñado un papel crucial en la implementación del tratado y en la resolución de disputas. Según un informe de la CILA, “México y los Estados Unidos tienen un interés mutuo en proporcionar una mayor previsibilidad y fiabilidad en las entregas anuales de México, y en minimizar el riesgo de llevar más déficits al siguiente ciclo consecutivo”.