Una vez realizada la primera elección del Poder Judicial en México el pasado primero de junio, muchas son las lecturas que analistas, académicos, la clase política, especialistas, periodistas y la propia ciudadanía han dado a este proceso electoral extraordinario, que aún no ha terminado.
Los cómputos distritales encargados de dar a conocer los resultados de las elecciones de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las y los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, de las y los magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de las y los magistrados de Circuito y de personas juzgadoras de Distrito, fueron programados por el Instituto Nacional Electoral (INE), para realizarse una vez concluida la jornada electoral y hasta el 10 de junio y comenzarán ahora los cómputos locales para las elecciones por entidad y circunscripción.
Aun con la conclusión de los cómputos por parte de los Consejos Distritales y Locales del INE, existen varios rubros procedimentales que la autoridad electoral debe desarrollar todavía.
El INE, con los resultados de los cómputos, verificará las candidaturas que hayan tenido el mayor número de votos y su correspondencia con su función de especialización, garantizando siempre el cumplimiento del principio de paridad de género, así como que las y los candidatos ganadores no se encuentren en los supuestos establecidos por el artículo 38 de nuestra Constitución —conocida como la 8 de 8— y los requisitos de elegibilidad e idoneidad, entregará las constancias de mayoría y emitirá la declaratoria de validez de la elección que corresponda, el 15 de junio.
No obstante, el INE deberá analizar las 29 quejas presentadas por irregularidades relacionadas con los llamados “acordeones” o “guías” de votación en favor de determinadas candidaturas que contendieron en esta elección judicial.
Es de resaltar que en el entorno de la elección judicial, las principales denuncias presentadas fueron, entre otras, las siguientes: actos anticipados de campaña; contratación de propaganda en redes sociales; violencia política contra las mujeres en razón de género; la participación de personas candidatas en foros y debates que presuntamente no cumplieron con los requisitos normativos establecidos; encuestas o esquemas de difusión que posicionaron propaganda electoral que, de manera inequívoca, refirieron la identidad de algún partido político; posible inducción del voto de personas a través de los llamados “acordeones” o “guías de votación”.
El resultado del proceso de revisión de los informes únicos de gasto de todas las candidaturas; así como el origen y destino de los recursos que utilizaron las y los candidatos en sus campañas, lo conoceremos el 28 de julio en sesión del Consejo General del INE.
Luego de la revisión de todas estas denuncias, quejas y de que conozcamos el Dictamen Consolidado y la Resolución en materia de fiscalización, las resoluciones del INE podrán ser revisadas si son impugnadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El TEPJF deberá resolver el último de los medios de impugnación antes del 28 de agosto, para que las personas que resultaron electas puedan tomar posesión del cargo el primero de septiembre.
En este sentido, aún falta un trecho para poder señalar que la elección judicial ha concluido.
