La idea de declarar a “los cárteles” mexicanos como grupos terroristas por parte de EE. UU. está de nuevo a discusión.
La palabra “terrorismo” tiende a ser un término políticamente cargado y que, como tal, frecuentemente deja de servir al propósito de describir un fenómeno de violencia que sí existe y merece atención. El terrorismo no es cualquier tipo de violencia que causa terror, sino violencia premeditada para causar terror con un fin: impactar en la conducta, las actitudes o las opiniones de una sociedad o de sectores de la misma, y así, ejercer presión sobre determinados actores como pudiesen ser dirigentes o tomadores de decisiones, para alcanzar o acercarse alguna meta, o cumplir con determinado objetivo, el cual es normalmente político. La esencia de un atentado terrorista es el empleo de la violencia en contra de civiles, o actores no-combatientes, como instrumento o estrategia para generar ese estado de terror en terceros (víctimas indirectas), con el propósito de canalizar un mensaje o reivindicación política, empleando a ese terror como vehículo.
En México, podemos entrar de fondo en la discusión acerca de hasta qué punto determinados actos violentos parecen entrar o no dentro de esas categorizaciones, o en qué medida una parte al menos de la violencia tiende a parecerse más al terrorismo convencional. Podemos discutir si de verdad la motivación de grupos criminales es exclusivamente económica, o hasta qué punto la lucha por poder y dominación, rebasan lo estrictamente económico y cruzan hacia lo político. Sin embargo, lo que se discute hoy entre el Congreso de EE. UU. y la Casa Blanca es un tema aparte.
Estados Unidos designa a determinados grupos como “terroristas” o a “países que apoyan el terrorismo” a partir de criterios que no siempre están relacionados con la fenomenología de violencia arriba señalada, sino mucho más con temas de política interna o de política exterior de la administración en turno, los cuales, por supuesto, cambian con el tiempo y ocasionan que, bajo otros contextos y prioridades, Washington ahora decida eliminar o negociar esas designaciones. Muchas veces, esas designaciones están sujetas a coyunturas, a administraciones, a presiones políticas que se generan en el interior de Estados Unidos (como ahora mismo las riñas entre el Congreso y la Casa Blanca) y no con la comisión o no de atentados terroristas por parte de algún actor designado.
Ahora, si Washington decide designar a un actor como terrorista, ¿significa eso que esa clase de violencia es ahora mejor combatida? Las cifras y los datos son elocuentes. Basta revisar el Índice Global de Terrorismo (IEP, 2010-20) durante los años de mayor presencia militar estadounidense en países como Afganistán e Irak. El hacerlo revela dos cosas. La primera: el terrorismo no solo no disminuye, sino que aumenta dramáticamente en esos países (y en el globo). La segunda: cuando efectivamente, Washington consigue eliminar liderazgos o desmantelar células, el terrorismo muta, sobrevive y reemerge al no ser atendido de manera integral.
En suma, debatir acerca de la presencia de terrorismo, o de un “cuasi-terrorismo”, o de “tácticas terroristas” (Brian Phillips, 2019), que determinadas organizaciones criminales pueden emplear, es importante, en todo caso, para nuestra sociedad. Pero las designaciones de “terrorismo” por parte de un país como EE. UU., o las presiones políticas que empujan hacia esas designaciones, no son inocentes, tienen poco que ver con un legítimo deseo de “ayudar”, y, sobre todo, tienen poco que ver con la eficacia en el combate del fenómeno que dicen desear combatir.
