Durante buena parte de la historia, la desigualdad estuvo determinada por aquello a lo que las personas no podían acceder. Primero fue la tierra, después el capital, más tarde la educación.
Cada época ha tenido un recurso cuya distribución definía quién podía prosperar y quién quedaba rezagado. Todo indica que el siglo XXI tendrá uno nuevo: la inteligencia.
No la inteligencia como capacidad humana, sino la inteligencia artificial. En la misma semana ocurrieron dos noticias que, vistas por separado, parecen anecdóticas.
La primera fue que la administración de Donald Trump presionó para restringir el acceso inicial al modelo más avanzado desarrollado por OpenAI, bajo argumentos de seguridad nacional.
La segunda pasó mucho más desapercibida: las principales empresas dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial están contratando filósofos para trabajar junto a sus ingenieros.
Ambas noticias hablan de lo mismo. La inteligencia artificial ha dejado de ser únicamente una innovación tecnológica. Se está convirtiendo en un recurso estratégico cuyo acceso comienza a administrarse y cuyo comportamiento ya no puede diseñarse únicamente con programación.
Durante años se imaginó que el desafío consistiría en construir máquinas capaces de razonar. Hoy se descubre que el verdadero desafío consiste en decidir cómo deben razonar y quién podrá utilizarlas.
No es casualidad que aparezcan filósofos en el centro de esta historia. Cuando un sistema debe responder preguntas sobre libertad de expresión, privacidad, discriminación, autonomía o dignidad humana, el problema deja de ser exclusivamente técnico.
Ningún algoritmo puede decidir, por sí mismo, qué valor debe prevalecer cuando dos derechos fundamentales entran en conflicto. Esa discusión pertenece desde hace siglos a la filosofía moral y al derecho.
En realidad, el derecho siempre llega cuando una tecnología modifica la distribución del poder. Ocurrió con la imprenta, con el voto, con la electricidad, con las telecomunicaciones y con internet.
Cada una obligó a redefinir derechos, responsabilidades y límites. La inteligencia artificial no será la excepción; sin embargo, hay una diferencia importante.
No porque exista un supuesto derecho a utilizar una plataforma específica. Sería absurdo reducir la discusión constitucional a una marca comercial.
La pregunta relevante es ¿qué ocurre cuando las herramientas que amplían las capacidades intelectuales de las personas quedan concentradas en unos cuantos países, unas cuantas empresas o un reducido grupo de usuarios?
La historia demuestra que las brechas tecnológicas rara vez permanecen confinadas al ámbito tecnológico. Terminan convirtiéndose en brechas educativas, laborales, científicas y políticas.
Quien controla las herramientas con las que se produce conocimiento termina ejerciendo una influencia desproporcionada sobre el resto de la sociedad.
Durante décadas se pensó que el gran reto sería construir una inteligencia artificial capaz de pensar como nosotros. Quizá el verdadero desafío consista en algo mucho más humano: decidir cómo distribuir el poder que esa inteligencia genera.
Todas las generaciones terminan enfrentando una pregunta fundamental sobre la igualdad. La nuestra quizá tenga que responder una que hasta hace poco parecía propia de la ciencia ficción: ¿quién tendrá derecho a pensar con las herramientas más poderosas jamás creadas?
