Este jueves se espera que la Cámara de Diputados alcance un acuerdo sobre la convocatoria para sustituir a Taddei en la presidencia del INE. Ricardo Monreal ha insistido en que Morena buscará el consenso de todas las fuerzas políticas, pero también ha reconocido la posibilidad de que el nombramiento no se concrete antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones. No sería una buena noticia para el INE, aunque tampoco parece un escenario particularmente incómodo para el oficialismo.
Hay razones para dudar de que pueda alcanzarse ese acuerdo. No solo por las diferencias sobre las reglas de la convocatoria, sino por el clima de desconfianza que el propio gobierno ha contribuido a alimentar. La descalificación sistemática de las autoridades electorales, las acusaciones de parcialidad y las campañas de desprestigio contra quienes encabezaron el instituto, particularmente Lorenzo Córdova, difícilmente favorecen la disposición de los partidos a construir acuerdos.
Paradójicamente, su presidencia fue producto de un amplio consenso parlamentario y su gestión permitió al INE enfrentar procesos electorales de enorme complejidad. lejos de reconocer esa experiencia, el discurso oficial ha insistido en presentar a las antiguas autoridades como adversarias políticas.
Morena no parece tener demasiado que perder si el acuerdo fracasa. La presidencia provisional del INE quedó en manos de Blanca Cruz García y podría resultar más conveniente para el gobierno la prolongación de esa provisionalidad, antes que una negociación que lo obligue al oficialismo a aceptar condiciones más exigentes de independencia institucional.
La normalización de las vacantes se ha convertido en una práctica preocupante. Basta recordar lo ocurrido en la Sala Superior del Tribunal Electoral, que permaneció durante dos años sin dos de sus siete integrantes y que, después de la salida de Janine Otálora, volvió a quedar incompleta. No es casualidad que estos órganos colegiados tengan una integración impar: busca reducir los empates y facilitar las decisiones por mayoría. Las vacantes pueden alterar sus equilibrios internos, complicar las votaciones y disminuir su capacidad de deliberación.
En el caso del INE, además, la incertidumbre llega en un momento particularmente delicado. De acuerdo con el calendario aprobado por el propio Instituto antes de la renuncia de Taddei, a más tardar el 30 de noviembre deberá aprobarse el mecanismo de asignación de las diputaciones de representación proporcional para las elecciones de 2027.
La importancia de esta decisión quedó de manifiesto en 2024, cuando la aplicación de los límites constitucionales de sobrerrepresentación por partido, y no por coalición, permitió una considerable ventaja parlamentaria para Morena y sus aliados. La controversia sobre la formación de mayorías artificiales sigue abierta, precisamente cuando el INE debe tomar una decisión de enorme trascendencia para la composición de la próxima Cámara de Diputados.
En este contexto, vale la pena detenerse en la la exigencia de imparcialidad a los árbitros electorales. Es verdad que ninguna persona está completamente desprovista de convicciones, preferencias o prejuicios. Pero reconocer esa dificultad no significa que debamos renunciar a exigir imparcialidad a quienes ejercen funciones públicas.
Norberto Bobbio planteó un razonamiento semejante sobre la avaloratividad científica. Precisamente porque existen prejuicios y condicionamientos ideológicos, la actividad científica ha desarrollado métodos y procedimientos para someter sus afirmaciones al escrutinio crítico y limitar la influencia de las preferencias personales.
Lo mismo vale para las autoridades electorales. La imparcialidad no exige personas sin ideología, sino autoridades capaces de ejercer sus atribuciones con independencia de sus simpatías y fobias políticas. Confundir la imposibilidad de una neutralidad ideológica absoluta con la inutilidad de exigir imparcialidad equivale a despojar de sentido una de las garantías fundamentales de la competencia democrática. El problema es todavía mayor cuando la imparcialidad termina midiéndose por proximidad o distancia respecto del gobierno.
