El pasado 3 de octubre inició la tercera y última etapa de la implementación del nuevo modelo de justicia laboral. Se trata de una transformación profunda de la manera en la que se resuelven los conflictos laborales en todo el país, lo cual implica cambios tanto de calado como la desaparición de las históricas juntas de conciliación y arbitraje.
El nuevo sistema de justicia laboral permite, además, que México cumpla compromisos internacionales asumidos frente a sus principales socios comerciales en el T-MEC. Eso permite, por ejemplo, aumentar de manera proporcional la presencia de mujeres trabajadoras en las dirigencias sindicales, o incluir en la legislación laboral la obligación de que toda renovación de contratos colectivos de trabajo fuera aprobada por la mayoría de los trabajadores.
La gran apuesta de la reforma se centra sobre todo en un nuevo modelo de conciliación laboral que hace obligatorio que antes de acudir ante una instancia judicial, las partes pasen por centros especializados que tendrán como misión esencial generar un acuerdo conciliatorio y evitar que el pleito se prolongue.
Esto es muy relevante porque no se puede reproducir el esquema de trabajo que existía ante las juntas de conciliación y arbitraje, que estaban verdaderamente rebasadas por la inhumana carga de trabajo que tenían que asumir.
Actualmente, los datos preliminares tanto de la Secretaría del Trabajo del gobierno federal como del Consejo de la Judicatura Federal señalan que se tiene una tasa de éxito en la conciliación de un 78% aproximadamente. Esto quiere decir que en casi 8 de cada 10 pleitos laborales se alcanza una solución sin que intervenga una persona juzgadora y sin que la solución tarde meses o años en llegar.
De los asuntos restantes (22% que no logra resolverse en la etapa de la conciliación), el tiempo promedio de solución, al menos en los juicios competencia del Poder Judicial de la Federación, ha bajado de los 4.5 años a 5 meses.
Un obstáculo importante que tiene el nuevo modelo es que las instancias gubernamentales son totalmente renuentes a permitir que cuando se les demanda, se alcancen acuerdos en la etapa de conciliación.
Hay que reconocer el impulso de Luisa Alcalde, que le ha dado a la reforma desde su responsabilidad como secretaria del Trabajo, a los tribunales federales y locales, que han sumado una importante carga de trabajo a su quehacer cotidiano, y a los académicos en la materia, que están enseñando en las aulas las nuevas bases del derecho mexicano del trabajo.
Si la reforma laboral sigue funcionando, se estará enviando un claro mensaje de certidumbre para las inversiones y de respeto a los derechos de trabajadores y empleadores. Así es como se construye un mejor país.
