La justicia no puede esperar “su oportunidad”

La justicia no puede esperar “su oportunidad”

En Campeche, el Consejo Estatal de Población estimó que, en 2025, 96 mil 64 habitantes de tres años o más hablaban una lengua indígena; de ellos, 2 mil 594 no hablaban español.

Estas cifras son un leve reflejo de que, para muchos, acudir a las instituciones no solo implica superar dificultades jurídicas como a la mayoría, sino también derribar barreras estructurales correspondientes a sus características lingüísticas, económicas y culturales que obstaculizan el ejercicio de sus derechos.

Desde 2016, el artículo 17 constitucional establece la obligación de los estados de garantizar una defensoría pública de calidad. Sin embargo, una década después, Campeche mantenía una deuda pendiente con la ciudadanía de crear una defensoría especializada en materia electoral para garantizar el acceso a la justicia de toda la ciudadanía, especialmente, de aquellos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Esta omisión fue reclamada por una ciudadana integrante de una comunidad originaria. Aunque el tribunal local le dio la razón, se limitó a ordenar al Congreso estudiar la iniciativa y elaborar un dictamen “en su oportunidad”, sin exigir una fecha cierta para la expedición del decreto.

La diferencia no es menor; un dictamen constituye una etapa del procedimiento legislativo, no la creación de la institución. Así, reconocer una obligación sin establecer cómo y cuándo cumplirla perpetúa la omisión que se pretende corregir y, con ella, las barreras que impiden acceder a la justicia.

Por ello, el 11 de noviembre, el Pleno de la Sala Superior modificó la sentencia local y ordenó al Congreso de Campeche concluir el procedimiento legislativo y emitir -antes del 20 de diciembre de 2026- el decreto que establezca la implementación, entrada en vigor, funciones y atribuciones de la Defensoría Pública en Materia Electoral.

La decisión reafirma que contar con una defensoría especializada no es un privilegio ni una concesión institucional, sino una garantía para que todas las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, cuenten con un espacio de orientación, asesoría y representación jurídica gratuita para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.

Así, defender un derecho empieza con la posibilidad de explicar una injusticia y encontrar a quién pueda llevarla ante los tribunales. Por ello, el acceso efectivo a la justicia exige más que instituciones con puertas abiertas; requiere remover los obstáculos que impiden a las personas ser escuchadas y defenderse en condiciones de igualdad.

Al final, el idioma, origen o falta de recursos no deben definir quién puede acceder a sus derechos, así como la justicia no puede esperar indefinidamente para hacerlos efectivos.