Para quienes sirven desde la procuración de justicia, la reciente firma del Convenio Marco de Colaboración entre la Fiscalía General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) el pasado 9 de julio, representa la cristalización de una convicción que han sostenido con claridad desde hace mucho tiempo: las instituciones del Estado mexicano se fortalecen cuando dialogan, no cuando se aíslan.
Durante años, se malinterpretó la autonomía constitucional como sinónimo de distancia o incluso de confrontación. Sin embargo, ser autónomos no implica vivir encerrados en sus propias trincheras.
La independencia que otorga la Constitución en cada uno de los ámbitos, es el piso firme desde el cual pueden tender puentes, compartir conocimientos y sumar esfuerzos sin diluir sus responsabilidades.
Todo ello porque trabajan para la misma gente, se deben al mismo pueblo; es precisamente esa unidad de propósito la que exige la coordinación de las capacidades.
Hay que dejar claro que: la justicia no comienza en una audiencia ni termina en una sentencia. Comienza mucho antes, en la formación de quienes tienen el honor de servir al Estado.
Por eso es optimista que este convenio coloque en el centro la investigación jurídica y el intercambio de buenas prácticas. Si quieren juzgados y fiscalías más humanos, deben empezar por aulas y centros de estudio más rigurosos, con un profundo sentido humanista que ponga siempre a las personas en el centro de la actuación institucional.
El optimismo, sin embargo, debe ir acompañado de una mirada seria a los desafíos que aquejan. La inteligencia artificial, la delincuencia organizada trasnacional, los delitos financieros complejos, el doloroso fenómeno de las desapariciones y la violencia sistemática contra las mujeres son monstruos de muchas cabezas.
Ninguna institución, por poderosa que sea, cuenta por sí sola con todas las respuestas. Frente a esta realidad, la coordinación no es un lujo, es una necesidad operativa y ética.
La firma de este convenio da el andamiaje para generar proyectos académicos conjuntos e investigaciones que permitan estar un paso adelante.
La FGR, como las otras dependencias involucradas, deben asumir el compromiso con la certeza de que la confianza pública se edifica día a día.
La sociedad observa y exige resultados; pero también valora cuando ve cooperación con responsabilidad para enfocarse en lo que realmente importa: la seguridad y la justicia que merecen las y los mexicanos. La coordinación con la SCJN, el OAJ y el Inacipe es una estrategia de Estado para consolidar un sistema de justicia más eficaz y humano.
El verdadero reto estará en traducirlo a resultados verificables este convenio, porque con preparación permanente, ética y voluntad, se está sembrando las bases para que la justicia en México sea más fuerte, más ágil y, sobre todo, más cercana a quienes más la necesitan. La ruta es compleja, pero el rumbo es claro y en ese camino, no caminan solos.
