Enfrentar la incertidumbre que define el futuro de la juventud mexicana, exige replantear las estrategias del presente y hacer valer el peso político de quienes representan una tercera parte de la lista nominal en el país.
Imposible conformarse con una voluntad política que hoy los limita a recibir un subsidio económico, a costa de quitar espacios en instituciones educativas de calidad, de impulsar el emprendedurismo o de generar las condiciones para la creación de empleos dignos, condenando a la juventud a convertirse en clientelas electorales.
México lleva 12 años intentando aprobar una Ley General de Juventud, pero gracias a la reforma constitucional de 2020, hoy tiene un mandato y plazo legal para integrar el sentir de quienes tienen en el centro de sus preocupaciones temas como la inclusión, el medio ambiente, la agenda de género, la salud mental, así como el acceso a internet y a las nuevas tecnologías, entre otros, que generaciones anteriores ni siquiera tenían en mente.
A partir de escuchar a su hija de 16 años, la reconocida abogada mexicana, Ana Laura Magaloni, acuñó recientemente el término “derecho al futuro”, consciente de que es parte de una generación que “nunca tuvo que soportar sobre sus hombros la losa del cambio climático para decidir qué iba a hacer con su vida”, como tener hijos o no, porque no sabemos si nos alcanzará el planeta.
La profesora del CIDE afirma con razón, que las y los jóvenes necesitan que su agenda sea escuchada, para que los adultos entendamos que el mundo al que se enfrentan, no es el mismo con el que ellos lidiaron.
Por eso se han realizado foros y han recorrido planteles de instituciones educativas públicas y privadas; las propuestas han sido puntuales y serán acogidas y reconocidas, restando la de: regular la figura de becarios; capacitarse antes de recibir la credencial del INE, a fin de ejercer con responsabilidad sus derechos políticos; cuotas de edad para acceder a puestos de representación popular; impulso a la educación dual; créditos para emprendedores y educación financiera, así como un sinnúmero de propuestas para preservar el medio ambiente y revertir el cambio climático; garantías de acceso al deporte, la cultura, la salud y en especial la salud mental.
Reducir el problema a jóvenes que no estudian y no trabajan, darles un apoyo económico que ni siquiera llega a todos y cerrar los ojos a una realidad que demanda poner fin a las desigualdades y la exclusión, es una apuesta clara por la próxima elección y no por las certidumbres que merece la próxima generación.