La emergencia sanitaria derivada del Covid-19 detonó el uso de tarjetas de crédito y débito, debido al cierre de los diversos establecimientos, como una medida para disminuir los contagios; sin embargo, también crecieron los fraudes bancarios, lo que ha lastimado la economía de millones de mexicanos. Basta con señalar que, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), el año pasado entre los meses de enero y septiembre se documentaron 8.6 millones de quejas por fraude, y aunque para la Asociación esto equivale al 0.3% del total de las operaciones bancarias en el país, la realidad es que al menos son 8.6 millones de personas que se vieron afectadas en su patrimonio, las cuales no merecen ser reducidas a una estadística porcentual.
Este delito crecerá este año si no se toman medidas inmediatas. Los defraudadores cada vez utilizan métodos más sofisticados, como el robo de información de tarjetas con el uso de dispositivos en cajeros automáticos y terminales de pago; a través de mensajes o llamadas telefónicas; mediante virus informáticos; hackeo de las líneas telefónicas de los call centers y la utilización de grabaciones oficiales de los bancos, entre otros.
Ante las diversas denuncias de cuentahabientes por robos a través de tarjetas de débito que no fueron reembolsados por los bancos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó una tesis en la que determina que las instituciones bancarias deberán reembolsar a sus clientes los cargos no reconocidos o retiros no autorizados; incluso, tendrán que pagar intereses por el tiempo demorado en reparar el daño. Si bien lo resuelto por la Corte sienta un importante precedente, la realidad es que, en su mayoría, los fraudes se quedan en un abismo de impunidad, ya que no todas las personas cuentan con el dinero para contratar un abogado especialista para interponer una demanda judicial. Existen cientos de miles de usuarios que han emprendido acciones conjuntas contra un mismo banco ante la Condusef; no obstante, éstas no han obtenido resultados favorables. ¿Dónde quedan los derechos de los usuarios?
Los bancos operan con una excesiva manga ancha debido a la falta de regulación, mientras que sus clientes están en la absoluta indefensión. A pesar de la reserva que deben guardar sobre los datos personales, la información cambia de manos, de ciudad y de país debido al uso de los call centers. A todas horas los usuarios reciben llamadas de números desconocidos, pero paradójicamente ellos nunca pueden contactar al banco cuando lo necesitan.
Los servicios bancarios en el país son deficientes, inseguros y caros; la norma es omisa, imprecisa e insuficiente, de ahí que la relación entre la institución y el cliente es invariablemente inequitativa e injusta, sólo aplica la ley del embudo. El Congreso debe legislar cuanto antes y las autoridades poner fin a los abusos.