A principios de este mes el presidente Trump volvió a amenazar a México, ahora con «descertificarnos» como lo hacían hace más de diez años, según él, por no existir los resultados que internacionalmente deben darse en la lucha contra el narcotráfico. Seguramente el presidente norteamericano actuó por motivaciones electorales, debido al periodo que vive y ante una posible recesión, pero parece olvidar que la «descertificación» es un proceso unilateral, que ya había sido abrogada por ambos países, por no producir ningún resultado y afectar nuestra soberanía nacional. Para medir el desempeño de México en su combate a las drogas, el presidente norteamericano utiliza el fracaso de su país, en su propia lucha, como indicador.
Nuestro País tiene un problema con la delincuencia organizada internacional, mientras que el tráfico de drogas y las adicciones son problemas de nuestros vecinos. El esfuerzo de México debe ser medido por el número de soldados y policías muertos, por la cantidad de civiles inocentes que han perecido y la pérdida de la paz y seguridad por la que nos quieren reprobar, cuando los mismos norteamericanos nos reclaman a todos los delincuentes que capturamos y se quedan con todos sus recursos. México emitió un posicionamiento, claro y contundente; se trata de un problema regional que debe ser resuelto a través de la cooperación internacional.
La Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito acaba de emitir el Informe Mundial sobre las Drogas 2019, reconociendo la necesidad de ampliar la cooperación internacional para promover respuestas equilibradas e integradas en materia de salud y justicia penal a la oferta y la demanda de drogas. Algunas cuestiones del informe: La crisis de las sobredosis por opioides sintéticos en América del Norte alcanzó nuevos niveles en 2017, al igual que el número de consumidores de cannabis. Aproximadamente el 43% de las personas que usan drogas inyectadas, residen en solo tres países: China, Rusia y los Estados Unidos.
En los Estados Unidos el grave problema de las adicciones y la falta de control sobre el tráfico interno y la distribución de enervantes, y así como de los recursos que producen, afecta gravemente a nuestro País, generado violencia, delincuencia organizada e inseguridad. El gobierno norteamericano, quiere que los mexicanos peleemos su lucha sin que ellos cumplan con la parte que les corresponde. Trump pretende que el Gobierno de México afecte los derechos fundamentales de su población con ese combate al narcotráfico, pero no quiere de ninguna manera restringir a su pueblo la segunda enmienda y restringir las armas de asalto. México no tenía una vocación especial para la producción de droga, siendo la gran demanda de los consumidores norteamericanos, lo que generó esa oferta. Efectivamente, pueden ser delincuentes mexicanos algunos de los que introduzcan la droga al vecino país, pero el tráfico interno, distribución y consumo en territorio norteamericano no es responsabilidad del gobierno de México.
No tiene sentido que el país con más recursos policiales y militares atribuya un problema interno a las acciones de delincuentes mexicanos. Es más fácil reclamar al gobierno de México, que tratar de resolver su problema de salud pública y adicciones y combatir a los grandes capos del crimen organizado, así como el flujo de recursos ilícitos.
Los mexicanos debemos cerrar filas para que puedan enfrentar al presidente Trump con su populismo electoral y replantear la problemática con objetivos ambiciosos e integrales, a fin de exigir que se reconozcan las responsabilidades mutuas y se apliquen los convenios bilaterales y multilaterales ya existentes, como es la Convención de Palermo y sus Protocolos que contienen ya los mecanismos de evaluación en materia de delincuencia organizada. Como ejemplo, podríamos exigir que Estados Unidos suscriba el Protocolo sobre el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, el cual se ha negado a firmar, siendo que este resulta estratégico y fundamental para el combate a la delincuencia organizada.