Con motivo del reciente homicidio de dos sacerdotes jesuitas y el incremento de la violencia homicida en algunas entidades federativas, ha resurgido el debate sobre la estrategia del gobierno para pacificar al país, haciéndose públicas posiciones muy diversas y en algunos casos hasta encontradas, involucrando a algunas instituciones religiosas que han expresado su deseo de convocar a un gran diálogo nacional que incluya a los mafiosos y narcotraficantes.
Ciertamente el problema solo se va a resolver con la participación de todos los sectores de la sociedad y el gobierno en sus tres niveles, pero no pactando o acordando con criminales, ni concediéndoles amnistía. Como se pudo comprobar, la sola persecución y el enfrentamiento directo, tampoco ha resuelto el problema. Desafortunadamente se ha perdido el enfoque, se quiere la pacificación, pero no se hace lo que a cada uno corresponde.
Se habla de diálogo, de reconciliación, de perdón, de rezar, de un gran acuerdo, olvidándonos de las verdaderas causas del problema. La violencia en México no tiene un origen social, económico, ni ideológico, es un tema de lucro y ganancias excesivas. Los únicos objetivos de las bandas criminales son las cuantiosas ganancias que obtienen; no persiguen fines políticos o ideológicos ni buscan combatir la pobreza y desigualdad.
La estrategia para combatirla debe ser similar a la que ha dado resultado en otros países, se deben destruir sus estructuras económicas detenerlos y enjuiciarlos. No existe una fórmula mágica, para pacificar el país se requiere la participación de toda la sociedad y de los tres niveles de gobierno, además de que los vecinos del norte controlen su demanda de narcóticos que siempre está en crecimiento junto con el del flujo de armas. Mientras exista esa gran demanda, aunque se detengan a todos los grandes capos y se disuelvan todos los grupos criminales existentes, siempre habrá quien busque esas cuantiosas ganancias y los ingresos que obtienen como sicarios.
Ante la corrupción que ha provocado la expansión de la DO, toda la sociedad debería permitir que se compruebe el origen lícito de nuestros bienes y recursos, y acatar todas las normas y políticas oficiales en contra del lavado de dinero. Coincidimos en que la violencia genera más violencia, por lo que a los delincuentes se les debe aplicar la ley, procesarlos, encarcelarlos, no matarlos.
