La sangre de los mártires Javier Campos y Joaquín Mora, llama a emprender una misión de justicia y reconciliación, que siga el carisma de los jesuitas y se sustente en una reflexión profunda sobre lo que requiere la Sierra Tarahumara y el país para alcanzar la paz.
La violencia que azota México no la pueden resolver sólo el gobierno federal o estatal, se necesita la participación de todos los actores e instituciones, ya que se está frente a un problema estructural y cultural.
Concretamente, se enfrenta un problema de diseño institucional y abandono de la organización comunitaria. Y por eso son necesarias: una transformación institucional, una comunitaria y una personal.
Las autoridades y la ciudadanía pueden proponer soluciones que constituyen tentaciones que no resuelven el problema, como a) creer que la solución es capturar al autor del crimen; b) militarizar la Tarahumara para generar “condiciones” de paz, o c) incrementar los bonos económicos con programas sociales sin perspectiva comunitaria.
Sobre la captura de cabecillas del crimen organizado, los estudios de seguridad muestran que esto no resuelve el problema de la inseguridad porque, frente a una cultura criminal, lo que se genera es la multiplicación de grupos delictivos y delitos, y saturación de prisiones (PNUD).
La militarización de los territorios, según la experiencia de otras comunidades indígenas, atiende la emergencia, pero a la larga lesiona el tejido social, se altera la relación comunitaria y daña su organización.
La práctica asistencialista y clientelar de los programas sociales del gobierno son el principal factor de desorganización comunitaria (CIAS por la Paz). La entrega de dinero sin pasar por la asamblea comunitaria o filtros con criterios claros genera conflictos internos, apatía e indiferencia.
Por eso se debe evaluar la política nacional de seguridad y reorientar las estrategias en el ámbito municipal, lo cual implica fortalecer las policías municipales y recuperar las buenas prácticas construidas por autoridades civiles y comunidades organizadas.
La ciudadanía organizada, en coordinación con sus policías municipales, puede prevenir y atender el delito, como lo demuestran municipios que han sostenido bajos índices delictivos en los últimos ocho años (CIAS por la Paz).
Caminar a la paz implica abandonar el deseo de reconocimiento y poder que daña las relaciones, dejar de colocar lo económico por encima de la armonía, y lo individual sobre lo comunitario.
Por eso las comunidades se deben organizar territorialmente y las personas deben convertirse en constructoras de paz en comunidad, vivir un diálogo incluyente para lograr nuevos acuerdos sociales de convivencia. Ya no más polarización en el país, es tiempo de construir puentes y atender las causas de la violencia.
