La reforma al Poder Judicial en México es un tema toral para el futuro de la democracia. No es posible pensar en un Estado justo, igualitario y garante de los derechos ciudadanos sin un Poder Judicial con capacidad para impartir justicia, que vele por el cumplimiento de la ley y que atienda de manera clara, expedita e imparcial la resolución de violaciones y conflictos.
Por ello, la reforma no solo es un tema de expertos juristas, es también del interés de todos, pues se está en la construcción de futuro en este país. Por ello, el proyecto de reformas actual debe abordar las cuestiones estructurales y sustantivas del sistema judicial, para garantizar su eficiencia, transparencia y equidad.
La reforma al Poder Judicial ha de ser integral y abarcar varios objetivos sustantivos:
1. Independencia: La reforma deberá garantizar independencia del Poder Judicial. El equilibrio de los poderes es indispensable para un Estado sólido y con capacidad para gobernar.
2. Transparencia y rendición de cuentas: Los procesos judiciales deberán estar sujetos a una mayor rendición de cuentas respecto a las actuaciones de los jueces.
3. Eficiencia procesal: Dar paso a nuevas tecnologías y la modernización para agilizar los procedimientos y reducir la duración de los juicios.
4. Acceso a la justicia: Especialmente para aquellos en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Los cambios propuestos
1. Selección y evaluación de jueces: La reforma incluye modificaciones en el proceso de selección y evaluación.
2. Creación de nuevas instituciones: Propone la creación de nuevas instituciones y organismos que supervisen el funcionamiento del Poder Judicial.
3. Modernización tecnológica: Propone implementar sistemas electrónicos para la gestión de casos y la realización de audiencias virtuales.
4. Reformar la Ley de Amparo: Para hacerla menos susceptible de aplicaciones indebidas.
La reforma tiene que incluir al aparato completo de justicia, el Ministerio Público, incluyendo las fiscalías y toda la estructura del Poder Judicial. También debe reformarse el sistema carcelario y la defensoría de oficio.
Debe considerarse un espacio para que la sociedad participe en los procesos de modificación de conductas delictivas menores, con acciones solidarias en la comunidad. Establecer mecanismos legales y apoyos profesionales para que la familia y la comunidad se hagan cargo de procesos que modifiquen la conducta antisocial, en vez de encarcelamientos que atropellan derechos y proyectos de vida.
Si bien los objetivos y propuestas son prometedores, la verdadera medida del éxito de estas reformas dependerá de la voluntad política para implementarlas de manera efectiva y de la capacidad del sistema judicial para su independencia y fortaleza, esto rebasa a esta reforma que es más bien administrativa.
Finalmente, es fundamental que el proceso de reforma continúe siendo vigilado por los otros poderes y la sociedad, para asegurar mejoras sustanciales y sostenibles en el acceso a la justicia para todos los mexicanos. México requiere de un nuevo modelo de justicia.