La ruleta judicial

La renuncia de los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación marca un punto crítico en la elección de juzgadores. Su dimisión es resultado de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de transferir al Senado la facultad de decidir qué aspirantes pasarán al sorteo, sustituyendo el trabajo que hasta ahora realizaba.

Lo que debería ser un proceso riguroso para garantizar la selección de los mejores perfiles en uno de los pilares fundamentales de la democracia, hoy se reduce a un mecanismo de azar que podría bien aplicarse en una feria de pueblo.

Ya ni siquiera habrá un examen de dos preguntas como el que aplicaron los comités de evaluación del Poder Legislativo y Ejecutivo, que por lo menos ponían a prueba la preparación mínima de los aspirantes. En el caso del Poder Judicial, ni eso: cualquiera que se haya inscrito y cumplido con los requisitos de forma, tendrá posibilidades de ser elegido.

En un intento por rescatar el proceso, la ministra Margarita Ríos Farjat propuso al Pleno de la Suprema Corte de Justicia que asumiera las funciones del Comité de evaluación. Su idea era que la Escuela Federal de Formación Judicial realizara un examen de conocimientos a los aspirantes. Sin embargo, los ministros rechazaron la propuesta, cerrando la puerta a una posibilidad, aunque imperfecta, de salvaguardad la mínima calidad del sistema judicial.

Es inevitable preguntarse cómo visualizará la ciudadanía este nuevo proceso. Si quienes deben impartir justicia en el país serán elegidos al azar, el mensaje es claro: la justicia también será una tómbola. Tal vez se tenga la fortuna de que la ruleta dé jueces competentes, comprometidos con la justicia y el respeto al Estado de Derecho.

Pero también podría tocar una mano de infortunio que lleve a enfrentar decisiones judiciales de funcionarios sin la preparación adecuada, con consecuencias nefastas para los derechos de millones de mexicanos.

Paradójicamente, este cambio podría beneficiar a los aspirantes del Poder Judicial. Ahora será el Senado quien seleccione, mediante tómbola, a quienes aparecerán en la boleta electoral.

Todos los nombres que lleguen a esta etapa habrán sido seleccionados, evaluados o no, por el Poder Ejecutivo o Legislativo, por lo que sería justo y pertinente que en las boletas se especifique si el candidato proviene de uno u otro poder.

Excluyendo totalmente al Poder Judicial. Esto permitiría al votante tomar una decisión informada y no influenciada por el desprestigio que enfrenta la judicatura actualmente.

Este cambio de paradigma en el sistema judicial invita a reflexionar sobre el peligro de reducir procesos complejos a mecanismos simplistas. Pero si ya se está en eso, se podría dar un paso más y escoger a los impartidores de justicia directamente desde el sombrero, eliminando el gasto millonario que implicará el proceso electoral. Después de todo, ¿qué diferencia hay entre confiar en este proceso y confiar por completo en la suerte?