Concluyó el segundo periodo anual de sesiones 2025 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dieron cuenta a la ciudadanía del mandato que su nueva integración recibió en las urnas el 1 de junio del año anterior.
Así cada resolución dictada estuvo orientada hacia la protección de los derechos humanos de las personas, atentos a las diversas realidades –tantas veces invisibilizadas– que viven, actuando con sensibilidad y responsabilidad.
Por ello resolvieron sobre la protección a las víctimas de violencia sexual y para garantizar su acceso a la salud sin condicionamiento alguno.
Los magistrados debieron luchar por espacios dignos para la lactancia y contra las terapias de conversión forzada que dañan a niñas y niños; para garantizar que las nuevas tecnologías no vulneren la dignidad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Defendieron también la libertad religiosa como derecho humano; el derecho al agua sin discriminación, así como la autonomía de los tribunales administrativos.
También se impulsó la paridad de género en materia electoral, con la convicción de que México requiere más mujeres en la política, en cargos de toma de decisión.
Esta vez todas las sesiones del Tribunal Pleno son trasmitidas por el canal del Poder Judicial de la Federación, permitiendo que la ciudadanía conozca los debates en cada asunto y las consideraciones jurídicas bajo las que se resuelve.
Así también las distintas posturas y diferencias de criterio que pueden darse entre las ministras y los ministros, lo que imprime fortaleza a la institución, pues la contradicción argumentativa da testimonio de independencia de criterio e imparcialidad, principios esenciales de la tarea de juzgar.
Las comunidades y realidades diversas que existen en el país han reiterado que una Corte sin diálogo social sería una institución incompleta. Mantener los criterios de consulta previa y participación efectiva es honrar el legado democrático.
Quienes integran la nueva Corte deben estar conscientes del deber que tienen para garantizar la vigencia del Estado de derecho con certidumbre jurídica, sustento indispensable de la prosperidad económica y del bienestar social del país.
El año 2026 traerá nuevos casos al conocimiento de la Nueva Corte y deberán emprender su resolución con la convicción de que la transformación de la justicia depende del diálogo entre Constitución y ciudadanía.
Hoy se abre un nuevo ciclo de la historia reciente, y deben estar convencidos que la justicia debe reflejarse en la vida de las personas y ayudar a transformar esas realidades.
