La trata de personas es una flagrante violación a los derechos de las personas, que se manifiesta de múltiples formas en el mundo. El Informe Mundial sobre Trata de Personas 2024 muestra un aumento del 78 % en la detección de víctimas en América del Norte en los años 2022 y 2023, siendo la explotación sexual la forma más común. La mayoría que enfrentan condenas por este delito son los hombres.
Anualmente, el gobierno de los Estados Unidos publica el Informe sobre la Trata de Personas (TIP), que evalúa los esfuerzos globales realizados contra este flagelo.
Este informe clasifica a los países en niveles que reflejan su cumplimiento de estándares mínimos para erradicar la trata y ofrece recomendaciones que mejoran su combate.
En cuanto a México, el informe destaca su papel como país de origen, tránsito y destino de víctimas, con modalidades predominantes de explotación sexual y laboral. Grupos vulnerables como niñas, niños, mujeres, personas indígenas, migrantes y la comunidad LGBTTTI son quienes enfrentan el mayor riesgo.
Desde la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos en el año 2000, hasta la publicación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la trata de personas en 2012, México ha realizado esfuerzos para regular el combate de este delito.
Estos instrumentos contemplan las diversas formas de explotación humana, desde la esclavitud, hasta la prostitución y los matrimonios forzados, abarcando las necesidades y mecanismos de protección para las víctimas.
Aunque se han logrado avances legislativos, incluyendo la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cuando son cometidos en contra de menores, la respuesta judicial sigue siendo insuficiente, para abordar eficazmente la complejidad de los delitos relacionados con la trata de personas en México.
También las políticas desarrolladas tienen efectos limitados en la prevención y erradicación de este flagelo, debido a las intrincadas causas que lo generan, las que varían drásticamente de una región del país a otra.
Estas incluyen la pobreza, la violencia la falta de oportunidades educativas y laborales, así como el aumento del crimen organizado que explota estas vulnerabilidades.
Adicionalmente existen cambios en los patrones de captación de las víctimas quienes eran mujeres, ya que se observa un incremento en la explotación de niños y hombres jóvenes.
Estas poblaciones son captadas por las redes criminales, que los obligan a realizar actividades ilícitas, diversificando así las modalidades de la trata y presentando nuevos retos para las autoridades de nuestro país.
Por ello, es crucial no bajar los brazos y fortalecer las medidas de prevención y combate, aplicando un enfoque regional y cultural adaptado, que responda de manera efectiva, conforme a las necesidades específicas de cada comunidad afectada por estos delitos, la colaboración de las autoridades junto con una implementación efectiva de políticas públicas, será esencial para enfrentar los desafíos venideros.