Lanzan campaña para proteger periodistas

“No es un favor, es responsabilidad estatal”, señala la organización civil. Cortesía
“No es un favor, es responsabilidad estatal”, señala la organización civil. Cortesía

El contexto actual de violencia “grave y persistente” que enfrentan las personas defensoras y periodistas en México, este martes se presentó una campaña para protegerles.

El Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas presentó Proteger la Dignidad, junto con su micrositio web sobre normatividades estatales de protección, “con el objetivo de visibilizar la labor de personas defensoras y periodistas, promover su reconocimiento, garantizar su labor y fortalecer la solidaridad social”.

“Proteger la dignidad significa reconocer y cuidar a quienes hacen posible que sigamos hablando de derechos, verdad, justicia y reparación. Su protección no es un favor: es un derecho y una responsabilidad estatal”, dijo Lucía Lagunes, representante de Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) e integrante del Espacio OSC.

Criminalización

Indicaron que, de acuerdo con documentación de organizaciones de derechos humanos, desde 2016 al menos 177 personas defensoras y 88 periodistas han sido asesinadas por su labor, de las cuales 104 ejercían la defensa del medio ambiente, la tierra y el territorio lo que corresponde al 59 % de los asesinatos.

Añadieron que a estos asesinatos se suman otros ataques como criminalización, difamación, hostigamiento judicial, vigilancia, amenazas y desplazamiento forzado.

Destacaron que Proteger la Dignidad y su micrositio web contribuyen al reconocimiento y fortalecimiento de las políticas públicas de protección.

Denunciaron que pese a la existencia de 15 marcos normativos estatales y cinco acuerdos o decretos que crean instancias de protección a nivel local, estas no han logrado disminuir la violencia ni mejorar las condiciones para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y el periodismo: “A la fecha, no se ha consolidado una política pública integral ni a nivel federal ni a nivel estatal que aborde las causas estructurales de la violencia”.