Sin contar aún lo que ocurrió en la jornada del domingo, se ha vivido las segundas campañas más violentas de los últimos 21 años —lo que supone siete comicios atrás. Los reportes disponibles apuntan a que el crimen organizado mostró la mayor crudeza conocida, con más de 90 candidatos y líderes políticos asesinados, 115 más heridos y un número imposible de medir entre secuestrados, intimidados o forzados a retirarse de la contienda para que los nuevos funcionarios electos obedecieran al dictado de las mafias.
En pocas oportunidades, también, tantos candidatos, de los principales partidos, echaron mano tan descaradamente de recursos económicos ilegales para disputar cargos públicos, desde modestas alcaldías hasta gubernaturas.
Los dos principales aspirantes a la gubernatura de San Luis Potosí, por ejemplo, hicieron campaña mientras eran congeladas cuentas bancarias que los abastecían de fondos. Ello debió bastar para que la Fiscalía General de la República (FGR) interviniera para evitar la llegada al poder de personajes bajo sospecha. Pero estas fueron las elecciones también de la impunidad y del dejar hacer, dejar pasar.
En este junio se cumplió un año de que la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, presentó una denuncia a la FGR contra el aspirante a la gubernatura potosina por el Partido Verde-PT, Ricardo Gallardo, el cual mantuvo actividades pese a que varias de sus empresas presumiblemente fachada tenían cuentas incautadas.
Pero en los últimos meses la UIF congeló igualmente cuentas que canalizaban recursos hacia la campaña de Octavio Pedroza, abanderado de la alianza PAN-PRI-PRD más el PCP, una agrupación local. Algo muy similar ocurrió en Nuevo León con Samuel García, postulado por Movimiento Ciudadano, aunque las autoridades tienen bajo la mira a por lo menos dos aspirantes más que aparecerán en la misma boleta.
Es ya un hecho ineludible que la cascada de excesos y marrullerías dislocarán los alcances de los organismos electorales diseñados para contener abusos, antes, durante y después de los comicios. En muchos estados hubo estrangulamiento financiero contra las denominadas OPLEs, pues los respectivos gobernadores buscaron doblegar por inanición a estas instituciones que antes les eran sumisas y colonizadas por incondicionales, pero ahora se hallan sujetas a la supervisión del Instituto Nacional Electoral.
Nada bueno se le depara al propio INE, sometido a un desgaste desde Palacio, lo que atrajo tomas de instalaciones por parte de líderes partidistas y candidatos —ninguna más violenta que la de Félix Salgado Macedonio, defenestrado candidato de Morena en Guerrero.
Lo mismo —y puede ser peor— ocurre con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que preside José Luis Vargas. La cada vez más ácida división entre los siete magistrados que lo integran es alentada lo mismo desde Palacio que el Congreso y la Corte. Ello puede sepultar en el caos a la última instancia de justicia electoral, en particular si se cumple el escenario de irregularidades tan brutales y resultados tan cerrados que obliguen a anular procesos completos, incluso de gubernaturas. Entonces sí que se vivirá en peligro.