La pesadilla comenzó a hacerse visible el pasado 3 de mayo, cuando en distintos hechos 17 personas fueron rescatadas de tres fincas de la zona metropolitana de Guadalajara, donde permanecían privadas de su libertad y sometidas a tortura; en una de ellas, además, se encontraron los cuerpos de cuatro hombres. Desde entonces se han localizado al menos 16 sitios como estos en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, Zapotlanejo, El Salto, Lagos de Moreno, Etzatlán y Tapalpa.
Para nombrar estos lugares, las autoridades de Jalisco usan un eufemismo: “casas de seguridad”, pero en realidad son sitios de exterminio donde se tortura, asesina y desaparece a personas.
Según datos de la fiscalía estatal, en lo que va de la presente administración -iniciada el 6 de diciembre de 2018- se han localizado 27 fosas clandestinas de las que se han rescatado 123 cuerpos; 64 de ellos estaban en 11 fosas cavadas en patios o habitaciones de casas, de donde también se recuperaron 24 restos humanos.
Además, hasta el pasado mes de junio, la fiscalía reportó que se logró liberar a 33 personas que estaban privadas de su libertad en 16 fincas.
Aunque el vocero de esta dependencia, Ricardo Franco, asegura que se ha logrado dar con estos sitios gracias a las labores de inteligencia de la fiscalía, en muchas ocasiones se ha reportado que el hallazgo ocurre después de que una o varias de las personas retenidas en estas casas logran escapar para pedir ayuda.
Guadalupe Aguilar, fundadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), asegura que estas fincas no son detectadas por el trabajo de inteligencia de la fiscalía, sino por llamadas anónimas que llegan a los colectivos de familias que buscan.
La narrativa oficial
Autoridades estatales y municipales señalan que estos lugares son resultado de una guerra entre bandas criminales que disputan el control de la venta y producción de drogas. Diferentes funcionarios, incluido el gobernador del estado, Enrique Alfaro, aseguran que la mayoría de las personas encontradas en estos lugares tienen antecedentes penales, lo que para diversas organizaciones y activistas es una forma de criminalizar a las víctimas y minimizar el problema.
“Se ha advertido desde hace varios meses que al haber una escisión en los grupos delictivos, el que invita a quienes se dedican a la venta de droga lo hace de esta forma, a concentrarse en una casa, a identificar con qué grupo seguirán trabajando y esas son las consecuencias”, señaló en mayo pasado el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, intentando explicar lo que ocurría.
Pero esta narrativa viene desde la administración anterior, cuando en abril de 2018, tras la desaparición de tres estudiantes de cine, las autoridades estatales atribuyeron el hecho a que los jóvenes fueron confundidos por miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación con integrantes de una organización rival llamada Nueva Plaza.
Durante un mes El Universal ha solicitado una entrevista con la Fiscalía de Jalisco para abordar este tema, pero las autoridades se han negado en reiteradas ocasiones.
La crisis forense
En la colonia El Campanario, en Zapopan, conviven modestas casas habitación con enormes predios.
El 7 de mayo pasado en una de ellas se encontraron siete fosas de las que se rescataron 25 cuerpos y varios restos humanos; este hallazgo, junto con las 138 bolsas con restos humanos, localizadas el 3 de septiembre en Zapopan, son las inhumaciones clandestinas más grandes localizadas hasta ahora en la zona metropolitana de Guadalajara.
Colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos han advertido de una nueva crisis forense en la entidad, pues consideran que la cantidad de cuerpos localizados en lo que va de este año sobrepasa la capacidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para procesar de manera adecuada y digna cada caso.
