La experiencia mexicana muestra que las reformas electorales definidas con anticipación tienen efectos directos sobre la estabilidad política.
La reforma de 1996, consolidó la autonomía del entonces IFE y redefinió reglas de competencia, permitió que la alternancia de 2000 ocurriera con niveles inéditos de aceptación de los resultados.
Años después, la reforma de 2007-2008, aprobada tras un proceso electoral altamente conflictivo, evidenció los costos de ajustar reglas en un ambiente de desconfianza acumulada. En ambos casos, el momento en que se tomaron las decisiones resultó tan relevante como su contenido.
En la actualidad y a un año de que inicie de manera formal el proceso electoral de 2027, el sistema político mexicano ya se encuentra en una fase de definición anticipada. Por ello, es claro que este 2026 se convierte con rapidez en un año clave.
Uno de los focos centrales, es la discusión de la reforma electoral impulsada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y Morena, con la intención de presentarla al Congreso en los próximos meses.
Hay que recordar que el eje de esta propuesta incluye la revisión del sistema de representación proporcional y la modificación de la estructura del organismo electoral, con planteamientos como la transformación del Instituto Nacional Electoral en un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y la reducción del número de consejeros; pues actualmente el INE opera con 11 consejerías y un presupuesto que en 2024 superó los 22 mil millones de pesos, cifra que ha alimentado el debate público sobre austeridad, eficiencia y redimensionamiento institucional.
Estos anuncios han generado reacciones al interior del propio Instituto, donde se han expresado preocupaciones sobre el impacto institucional de los cambios.
La reforma también ha encontrado resistencias dentro del propio bloque legislativo que acompaña al gobierno.
La forma en que se procesen estas discusiones tendrá impacto directo en la credibilidad del proceso electoral y en la capacidad institucional para gestionar la competencia política.
Aplazar definiciones relevantes incrementará el riesgo de trasladar tensiones al momento electoral. Esa es la responsabilidad que hoy recae sobre quienes toman decisiones en el Congreso, en los partidos y en las instituciones electorales.
