La nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia es un ordenamiento de vital importancia para combatir con eficiencia al crimen, ya que regula la obtención, análisis y uso de información para generar inteligencia en materia de seguridad pública, a la vez que posibilita la coordinación de acciones entre los tres órdenes de gobierno y las instituciones de seguridad pública.
Este ordenamiento permite interconectar los sistemas de inteligencia de la nación, las entidades federativas y municipios, así como de entes privados, para fines de investigación de los delitos, en particular los de alto impacto, con excepción de los sistemas de inteligencia en materia de seguridad nacional; además de integrar los medios, recursos de información y bases de datos que resulten pertinentes.
Es decir, ahora sí se aprovecharán las herramientas tecnológicas y científicas de inteligencia en el combate del delito y para la investigación estratégica de los ilícitos que más dañan a la sociedad a fin de recabar, procesar, sistematizar, analizar y utilizar información para crear bases de datos criminalísticos, así como generar productos de inteligencia para contar con información de valor que aporte pruebas en el desarrollo de las investigaciones y dé sustento al desarrollo de los procesos judiciales.
El Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia es una herramienta tecnológica de interconexión de los sistemas de inteligencia del Estado mexicano, que dota de facultades de coordinación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar el delito con eficiencia y eficacia.
Destaca que la nueva normatividad faculta al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para coordinar y operar dicho sistema, así como la plataforma tecnológica que lo aloja y gestiona, la cual conectará con la Plataforma México y cualquier otra que contribuya con los fines de seguridad pública.
Además, crea la figura de “Enlace” a efecto de legitimar a la persona servidora pública designada para llevar a cabo las labores de conectividad y transferencia de información de las diversas instituciones interconectadas dentro del sistema.
Es de precisar que restringe la interconexión de los entes privados a las bases de datos y registros públicos, toda vez que su participación se limita a permitir el acceso de la SSPC a sus datos o registros.
Este nuevo andamiaje jurídico permitirá que se integren carpetas de investigación con mayores y mejores elementos, evitando que la autoridad judicial las deseche debido a su deficiencia, insuficiencia o falta de valor probatorio, lo que invariablemente resulta en impunidad.
No basta con fortalecer al Poder judicial y democratizarlo, también es necesario robustecer y otorgar certeza jurídica a las policías y ministerios públicos dotándoles de las herramientas legales y tecnológicas necesarias. De ahí que la reingeniería institucional es consistente con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030.
En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se está fortaleciendo la seguridad y la justicia, bajo el entendimiento de que guardan un vínculo indisoluble. Hoy el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, tiene más herramientas, mayores soportes jurídicos y la confianza del pueblo de México.
