Benito Juárez fue, sin duda, uno de los grandes defensores de la soberanía nacional y de las leyes que la resguardan. Fue él quien afirmó que “mientras haya energía para cumplir la ley, esto será suficiente para que la nación se salve y sea feliz”. También él señaló que los grandes cambios —por complicado que resultara— debían generarse a través de la legalidad y no haciendo uso de otro mecanismo, “nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”, principios que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha seguido a cabalidad.
Las ideas de Juárez fueron valiosas en su contexto original, el de una guerra intestina interminable, pero también en la actualidad, cuando las leyes han sido utilizadas de manera incorrecta, lo que dio lugar a un debate más vigente que nunca: la distinción entre legalidad y justicia.
En tanto que son diferentes, sin la legalidad (y sin los tribunales), la justicia obedecería más a la ley del talión que a la intención de resarcir los daños producidos por conductas contra la integridad de las personas. Por eso, la humanidad no puede operar bajo la lógica de “ojo por ojo”, ya que la legalidad, sin ser superior al concepto de justicia, es necesaria para aspirar a alcanzar esta última.
Tal debate fue aterrizado en la práctica por Norberto Bobbio, preguntando: ¿qué gobierno es el mejor, el de las leyes o el de los hombres? ¿Un buen gobierno es aquel en el que los gobernantes son buenos porque gobiernan respetando las leyes, o bien, aquel en el que son buenas las leyes porque los gobernantes son sabios?
Muchos siglos antes de que Bobbio formulara estas preguntas, Platón señaló: “allá donde la ley está sometida a los gobernantes y carece de autoridad, veo pronto la ruina de la ciudad; y donde, por el contrario, la ley es señora de los gobernantes y los gobernantes son sus esclavos, veo la salvación de la ciudad”. Por otro lado, Aristóteles afirmaba que “la generalidad de la ley es semejante a un hombre soberbio e ignorante que no deja hacer nada a nadie tranquilamente sin una prescripción suya”.
Estos dos argumentos nos colocan ante una clara realidad. Las leyes por sí mismas no son suficientes para engendrar una sociedad en la que impere la justicia, porque son generales y, por ello, su correcta aplicación depende de la moralidad y la calidad de quienes las imparten, porque la legalidad, cuando los gobiernos no son virtuosos, puede ser utilizada en contra de la justicia.
El régimen pasado utilizaba el marco legal a su antojo para perseguir detractores e impedir el avance de la democracia. Por ello, ante la falta de un gobierno cuyo objetivo sea el bien común, la regencia de las leyes es superior a la de los hombres.
El domingo se cumplieron 106 años de la promulgación de la Constitución. Es cierto que durante un largo periodo de tiempo el texto de la Carta Magna se alejó del espíritu de esta, pero es igualmente verdadero que a través del trabajo de las últimas dos legislaturas se han logrado conquistas legales que la acercan nuevamente a los principios revolucionarios y a su esencia social.
