La facilidad para adquirir una línea de celular en la modalidad de prepago propicia que las extorsiones telefónicas se lleven a cabo desde un “implacable anonimato que no permite identificar a los responsables, quienes en muchas ocasiones se encuentran a grandes distancias de la víctima”.
Así lo señaló el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz e indicó que actualmente es común observar como en tiendas de conveniencia, locales comerciales, kioscos e incluso en comercios informales o ambulantes se ofrecen tarjetas SIM y teléfonos celulares de prepago.
Con esos aparatos se pueden hacer llamadas destinadas a la comisión del delito, sin que para su adquisición se pida algún dato del comprador.
Para enfrentar esa situación el legislador priista presentó una iniciativa en la que se plantean cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Con ello se busca condicionar la venta y/o activación de tarjetas SIM, teléfonos celulares de prepago o cualquier otro dispositivo vinculado a un usuario de línea telefónica, a la presentación de una identificación oficial y comprobante de domicilio que permitan recabar los datos necesarios para constituir los registros respectivos.
Asimismo para que la Procuraduría General de la República (PGR) y las locales puedan solicitar esos registros a los concesionarios para la investigación de delitos de extorsión, secuestro, amenazas y otros relacionados con la delincuencia organizada.
En la iniciativa también se propone modificar el Código Penal Federal para que las penas de prisión y multa por obligar a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro o causando perjuicio patrimonial, se aumenten hasta un tanto más, si el constreñimiento se realiza por personal del sistema penitenciario.
Las penas se incrementarían en una mitad cuando se utilice como medio comisivo la vía telefónica o cualquier otro medio de comunicación electrónica.
