A debatir, argumentar, contrastar, fiscalizar y a controlar los excesos del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue el llamado que hizo la diputada priista Blanca Alcalá Ruiz, quien sostuvo que el Poder Legislativo no puede funcionar como la oficialía de partes del titular del Ejecutivo.
A nombre de la bancada del PRI, Alcalá refirió que el Revolucionario Institucional atiende los problemas y demandas de la sociedad.
“Estamos convencidos que a ellos nos debemos, son ellos las y los ciudadanos quienes nos eligieron para traer a esta Tribuna su voz, sus preocupaciones y sus aspiraciones”, señaló.
Al presentar su posicionamiento en el marco de la agenda política, Alcalá Ruiz destacó que el PRI al ser oposición creó una alianza legislativa con otros grupos parlamentarios para poder promover acuerdos que permitan sostener la división de poderes y hacer escuchar todas esas voces de los ciudadanos.
Agregó que están llamados a defender la legalidad institucional y democrática del país, esa institucionalidad que a algunos les estorba, les incomoda y que pretenden tan solo reconocer como una voz unívoca, la cual es la negación de toda democracia.
“Que la democracia sea la convivencia de las minorías con las mayorías, y no la anulación de quienes pensamos diferente”, remarcó.
PRI presenta iniciativa
En otro tema, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira Valdez, y su compañera de partido, Lorena Piñón Rivera, impulsan una iniciativa para acabar con la violencia en los estadios y que además castiga con penas severas de prisión a los grupos de animación violentos.
La iniciativa presentada por Moreira y Piñón Rivera establece un nuevo tipo penal denominado “conducta violenta en eventos deportivos”.
En las reformas al Código Penal Federal se refieren penas de hasta 12 años de prisión a los aficionados violentos.
Asimismo, se indica que “los directivos de clubes o federaciones deportivas serán acreedoras a una pena de siete a 12 años de prisión, cuando cometan omisiones con respecto a las medidas de seguridad reglamentadas o por apoyar moral, económicamente o en especie a agrupaciones de aficionados que cometen el delito de conducta violenta en eventos deportivos”.
En la propuesta, que será turnada para su dictaminación a la Comisión del Deporte y a la Comisión de Justicia, se hace referencia a experiencias de otros países en la expedición de leyes para acabar con la violencia en los estadios.
