Lenguas indígenas encontrarían ahora mayor infraestructura

Aunque Juan Gregorio Regino, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), dice que la iniciativa de integrar ese organismo al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) aún no está en la Gaceta de la Cámara de Diputados, “por lo que no puede darse por hecho”; reconoce que esta iniciativa que viene de la Consejería Jurídica del Ejecutivo lo tomó por sorpresa, a pesar de que desde hace algún tiempo la Consejería le ha pedido información que él fue entregando y que reportaba a la Secretaría de Cultura federal, dependencia a la que está sectorizado el Inali.

“Nos han estado pidiendo información y eso es lo que hemos estado reportando, realmente esto nos tomó por sorpresa”, señala Regino en entrevista con El Universal, y asegura que esta integración “es parte de un ejercicio de ajuste administrativo y por ende presupuestal del Gobierno Federal”.

Postura

Dice que como escritor en lengua mazateca e integrante de Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, esta iniciativa que la Consejería Jurídica de la Presidencia ha enviado a la Cámara de Diputados le provoca un desencanto, pero propone mirarla desde la posibilidad de que las lenguas indígenas encuentren mayor infraestructura con la que el INPI.

Juan Gregorio Regino asegura que al parecer con esta integración está la posibilidad de implementar un programa de acciones más integral, pues “el INPI ha estado muy cercano a las acciones de Presidencia, seguramente han hecho algún diagnóstico y han detectado que ahí las lenguas indígenas encontrarían una buena acogida”.

Sin embargo, dice entender la controversia que esta iniciativa ha generado, ya que se da en este año en el que formalmente inicia el Decenio de las Lenguas Indígenas en el que México ha tenido un papel muy importante para lograr esta declaración por parte de la ONU y que se puede generar un desconcierto, porque ha habido un gran esfuerzo desde la fundación del Inali en 2003 para que las lenguas se logren instalar como políticas de Estado, pues México carece de una política lingüística de Estado.