La Ley de Amnistía que se aprobó esta semana en la Cámara de diputados es un primer paso, no solo para la reconstrucción del tejido social, sino para comenzar a solucionar problemas que han carcomido al sistema penitenciario y de impartición de justicia en México, y que lo tienen podrido.
Entre 2000 y 2017, alrededor de 3 mil 900 mujeres han sido criminalizadas por abortar. En el 2016, el 41 por ciento de las personas privadas de la libertad en prisiones federales por delitos de drogas fue detenido con sustancias ilícitas que tienen un valor inferior a los 500 pesos. En el 2016, 8 de cada 10 mujeres detenidas y enviadas a penales federales lo fueron por delitos vinculados a las drogas. El 99 por ciento de estas mujeres eran primodelincuentes y cuando se trata de mujeres indígenas, el 43 por ciento transportaron drogas por necesidad económica o violencia. Para 2018, 53 por ciento de las condenas en el país fue por delitos no graves, lo que equivale a 65 mil personas con sentencias de tres años o menos.
La Ley de Amnistía es un primer paso, pero aún hay mucho por hacer.
Para poder solucionar los muchos problemas del sistema penitenciario y de justicia penal que como país arrastramos, tenemos que primero entenderlos. La corrupción e impunidad ha tomado control de las cárceles debido a la negligencia y olvido de tantos años.
Historias de terror hay por montones, también de sobrevivientes que no encuentran justicia y cuyas pesadillas no solo no terminan cuando son víctimas de la delincuencia si no que se agravan cuando se enfrentan al sistema de justicia penal: expedientes llenos de declaraciones falsas y pruebas sembradas que no representan la realidad de los hechos, delitos inventados o mal categorizados por falta de capacidad y herramientas de investigación por parte de las autoridades, debidos procesos violentados de forma sistemática porque «es la única forma de imputar un delito”.
