A pesar de que ya concluyó la administración del presidente López Obrador, en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aún hay 11 servidores públicos que están amparados contra la Ley de Austeridad Republicana desde 2019.
Se trata de servidores públicos que ocupan cargos relevantes en dicho órgano que fue criticado por el expresidente de ser oneroso, quienes consiguieron la protección de la justicia para seguir ganando salarios que alcanzan los 146 mil pesos brutos y prestaciones superiores a la ley como bonos, seguros y otras ayudas.
De acuerdo con información obtenida por El Universal vía transparencia, en 2019 se registraron al interior del Inai más de 30 amparos contra la Ley de Austeridad, entre los que se encontraba incluso el actual presidente de dicho órgano, Adrián Alcalá Méndez, quien permaneció amparado por más de dos años y se desistió en 2022, justo antes de rendir protesta como comisionado e integrante del pleno.
Ganaban más que el presidente
En aquel entonces, la mayoría de los funcionarios amparados ganaban más que el titular del Ejecutivo, cuyo salario era en 2019 de 108 mil 606 pesos netos y 155 mil 835 pesos brutos. En 2024, la remuneración bruta de López Obrador fue de 186 mil 023 pesos al final, y aunque ya nadie ganaba más que él, hay 11 funcionarios que cuentan con amparos vigentes.
Destaca Jonathan Mendoza Iserte, quien se desempeña como secretario de Protección de Datos Personales y cuenta con un salario bruto mensual de 146 mil 851 pesos y prestaciones adicionales como prima vacaciones por 48 mil 950 pesos que recibe de manera semestral.
El salario bruto anual alcanza un millón 892 mil 755 pesos.
Luis Felipe Nava Gomar, director general de Enlace con los poderes Legislativo y Judicial, es el segundo en la lista de amparado y cuenta con un salario bruto mensual de 136 mil 883 pesos; Miguel Novoa Gómez, director general de Protección de Derechos y Sanción, quien gana 136 mil 883 pesos, tiene amparo; Martín Torres Contreras, director de lo Contencioso, también está protegido por la justicia federal y tiene un salario de 110 mil 679 pesos brutos; y Ulises Ramírez Gallardo, jefe de Ponencia, quien gana 136 mil 883 pesos y es otro de los amparados.
En todos los casos continúan recibiendo prestaciones fuera de la Ley de Austeridad Republicana, incluidos los pagos por concepto del seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado.
En la lista de amparados también se encuentran Pedro Israel Popoca Trujillo, quien se desempeña como Enlace Institucional; Víctor Manuel Castro Borbón, director de Sustanciación de Protección de Derechos; Rafael González García, quien trabaja en la dirección general de Tecnologías de la Información; Graciela Morales Elías, de la dirección general de Protección de Derechos y Sanción; Guadalupe Lobera Durán, de la dirección general de Asuntos Jurídicas; y Armando Ortiz González, de la dirección general de Gestión de Información.
Además, el INAI ha reducido costos en los últimos años y que “no es un órgano caro en comparación al Producto Interno Bruto”, sin embargo, coincidió en que el hecho de que ni siquiera las comisionadas ni el comisionado presidente del Inai estén amparados, pero sí subalternos, será un arma de presión en contra del máximo órgano de transparencia en México.
