El 97 % de las personas que necesitan cuidados paliativos en México mueren con dolor. Ese es el dato más brutal y, al mismo tiempo, la razón por la que hablar de eutanasia ya no es una discusión ética abstracta, sino una urgencia humanitaria y de política pública.
Cada año, más de 600 mil personas en el país requieren cuidados paliativos para aliviar el sufrimiento físico y emocional del final de la vida. Solo el 3 % accede a ellos.
Las demás —la inmensa mayoría— enfrentan tratamientos que prolongan el dolor, no la vida. Frente a esa realidad, la Ley Trasciende, impulsada por Samara Martínez, una joven con insuficiencia renal terminal y lupus que ha sobrevivido a varios trasplantes fallidos, representa la oportunidad de construir un marco institucional que garantice el derecho a morir con dignidad.
Su activismo ha logrado poner en el centro de la agenda pública un debate que México se debía: el del derecho a decidir sobre el propio final.
Actualmente se cuenta con leyes de voluntad anticipada en algunos estados, que permiten rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida. Pero se carece de una legislación nacional que garantice el derecho a decidir sobre el propio final.
La eutanasia sigue siendo ilegal. El artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud la clasifica como “homicidio por piedad”, y el artículo 312 del Código Penal Federal la castiga con prisión. En la práctica, condena a quienes viven con dolor irreversible a morir sin libertad.
Hace apenas unos años, México estuvo cerca de cambiar esa realidad. En la legislatura pasada, Movimiento Ciudadano, junto con legisladores de Morena, PRI, PRD, PVEM y PT, impulsó una iniciativa para regular la eutanasia. Tras meses de foros, discusiones y dictámenes, el proyecto estuvo a punto de aprobarse en la Comisión de Salud. Faltó poco.
Hoy, con la presentación de la Ley Trasciende, el país tiene una segunda oportunidad: corregir la omisión y saldar una deuda moral con miles de pacientes.
La eutanasia no es una solución para todos los casos, sino una salida de emergencia compasiva para quienes padecen enfermedades terminales sin posibilidad de cura, con sufrimiento físico o emocional intolerable.
Es una política pública de último recurso, que debe estar acompañada de cuidados paliativos accesibles y protocolos médicos claros. El mundo ya dio ese paso.
Hoy la eutanasia es legal en Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda, España, Países Bajos, Australia y Portugal. En todos estos países, la práctica representa apenas entre 1 y 4 % de las muertes totales, bajo estrictos controles médicos y legales.
Hace unas semanas, Uruguay se convirtió en el segundo país de América Latina en reconocer por ley el derecho a decidir sobre el final de la vida, marcando un precedente histórico para la región.
Regular la eutanasia no es promoverla, sino admitir que el sufrimiento sin sentido no es una virtud. En una región donde más del 90 % de los pacientes terminales mueren con dolor, hablar de eutanasia implica también fortalecer los cuidados paliativos, garantizar la voluntad anticipada y defender la libertad hasta el último instante.
La Ley Trasciende es la posibilidad para que México avance hacia una política pública que reconozca que la dignidad no termina cuando la medicina ya no puede curar. Regular la eutanasia no es legislar sobre la muerte, sino sobre la libertad.
