En México existe un gran rezago en materia de uso y gestión del agua. Simplemente hay que ver algunos datos para darse cuenta de la situación que se está viviendo: una tercera parte de los habitantes de zonas urbanas carece de servicios de agua potable, drenaje y/o saneamiento de manera continua; en zonas rurales son 2 de cada 3 personas quienes padecen dicha escasez.
Para quienes sí reciben agua potable en su casa, más del 60% del agua que llega tiene algún tipo de contaminación, ya sea por bacterias, sales o metales en exceso. Además, el 80% de las fuentes de abastecimiento, es decir, pozos, ríos, presas, etc., está contaminado. Si se habla de rehuso del recurso, menos del 40% del agua de drenaje es tratada.
La Conagua ha otorgado casi 515 mil títulos de concesión para sustraer agua, sin embargo, hay un sinnúmero de extracciones no reguladas y una cantidad incontable de descargas clandestinas. Es decir, existe un marco normativo, pero la autoridad no vela para que éste se cumpla.
A nivel federal se han promovido algunas reformas que han sido insuficientes. Se menciona algunas de las más recientes:
-Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2018): buscaba fortalecer la protección y conservación de los bosques, que son las principales fábricas de agua, sin embargo, hay falta de sanciones ante la tala inmoderada.
-Reforma a la Ley General de Bienes Nacionales (2018): trata de garantizar el uso sustentable de los recursos, incluyendo el agua.
-Reforma a la Ley de Aguas Nacionales (2021): tuvo como objetivo fortalecer la gestión integral del agua y garantizar su uso sustentable. Se enfocó en la protección y conservación de los ecosistemas acuáticos, y en mejorar la cultura del agua. Esta ley no establece los mecanismos y aplicación de sanciones.
-Además, existen varias normas como la NOM-127-SSA1-1994, donde se establecen los límites permisibles de agua potable, pero sin buscar un balance real para la hidratación. Esta norma no se cumple en la práctica. Diariamente aparecen nuevos negocios rellenadores de agua que no cumplen con los mínimos requisitos y son una potencial fuente de enfermedades para la población.
Se debe de exigir a los legisladores que generen leyes, reglamentos y normas para cambiar la realidad de la gestión del agua en el país. Al mismo tiempo, se debe exhortar al Ejecutivo de los tres niveles, que haga cumplir la normatividad y sancione a quienes contaminan o extraen agua de manera irregular.
Con ello, se puede cambiar la realidad y garantizar tener agua suficiente y de calidad para las futuras generaciones. También será necesaria una visión de corresponsabilidad, donde todos sean parte de la solución y no del problema.