Recientemente se registraron distintos acontecimientos que han suscitado críticas por sus implicaciones en el ejercicio del derecho a la libre expresión de ideas.
En Puebla se modificó el Código Penal para tipificar como delito el “ciber asedió”, que por su ambigüedad y vaguedad podrían dar pauta a la criminalización de la crítica política, lo que llevó, tras las protestas y críticas que generó esta ley, a la presidenta de la Jucopo a anunciar una reforma para excluir a funcionarios públicos de la posibilidad de demandar por ese delito.
En Campeche fue detenido con violencia el periodista Jorge González Valdez. ¿El delito? Daño moral contra funcionarios del gobierno del estado, por lo que deberá pagar una indemnización de dos millones de pesos y, por orden judicial, tiene prohibido ejercer su labor periodística durante dos años. De acuerdo con la gobernadora, González Valdez realizó una serie de críticas misóginas en su contra.
En Sonora, una ciudadana fue sancionada por criticar la designación de Diana Karina Barreras como candidata a diputada federal en 2024, señalando que se trataba de una designación a modo, por la presunta intervención de su esposo, actual presidente del Congreso Federal.
El INE, la Sala Regional Especializada del TEPJF y la Sala Superior de la misma, determinaron que las acciones de la ciudadana constituían violencia política de género y la sancionó a pagar una multa; ofrecer disculpas públicas durante 30 días en sus redes sociales, tomar un curso en materia de género, realizar lecturas de bibliografía especializada y publicar la sentencia en sus plataformas digitales.
En el Senado, un ciudadano debió presentar una disculpa al presidente de la Cámara de Senadores, transmitida en vivo por los canales del recinto y ante medios de comunicación, por un desencuentro en el AICM en diciembre de 2024, cuando el ciudadano increpó al senador y este lo denunció por haber violentado su integridad e investidura.
En medios de comunicación se ha señalado que estos acontecimientos, cuestionables todos, sí, constituyen la prueba de que en México la libertad de expresión corre un grave riesgo, con una estridencia que al día siguiente termina en murmullo.
Lo que no es obstáculo para reflexionar sobre estos acontecimientos que limitan la libertad de expresión y cómo afectan el desarrollo democrático del país, ya que develan el “desinterés” de funcionarios públicos para respetar este derecho humano y su pretensión por acallar la crítica sobre sus gobiernos, la forma en la que han llegado al cargo de representantes populares o su quehacer político.
La libertad de expresión es vital para la democracia: permite la participación informada, fomenta la crítica y el debate público, hace contrapeso al poder, conlleva a la rendición de cuentas, al combate la corrupción y al abuso de poder, refuerza la legitimidad del sistema y protege a las minorías.
El ejercicio democrático del poder exige renunciar a la tentación de restringir, censurar o sancionar la libertad de expresión. La autoridad no puede fincarse en la autocomplacencia esperando solo el elogio.
Por supuesto, es necesario encarar las campañas de desinformación, las noticias falsas, el anonimato impune de las redes sociales y cualquier acción que pretenda menoscabar el goce de los derechos políticos.
