“Lo siento amigos, pero si yo hubiera confiado en las fake news de CNN, NBC, ABC, CBS, Washington Post, o New York Times, hubiera tenido CERO posibilidades de ganar la Casa Blanca”, tuiteó el presidente Donald Trump en junio de 2017.
Rebecca Buckwalter Poza, una activista legal, una sola persona entre los 52 millones que siguen su cuenta, le contestó: “Para ser honestos, usted no ganó la Casa Blanca: Rusia la ganó para usted”. Acto seguido, Trump tomó la decisión de bloquear a Rebecca en Twitter.
Lo que siguió se convertirá en película: Rebecca Buckwalker demandó a Trump y a todos los altos funcionarios de comunicación social de la Casa Blanca. Después de un año de litigio, una juez federal concedió la razón a la demandante: la cuenta de Twitter del presidente de Estados Unidos es un foro público y por lo tanto excluir a alguien por sus puntos de vista viola la 1ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión.
En México estamos viendo casos similares. En la revista El mundo del Abogado narran quizás el primer caso en México. En septiembre del año pasado, un juez de distrito en Nogales, Sonora, emitió sentencia a favor de un particular que se amparó contra el presidente municipal de esa ciudad por bloquearlo de su cuenta de Twitter. El demandante aseguró que ese bloqueo era un acto de autoridad que vulneraba sus derechos a la información y a la libre expresión. El demandado alegó que la cuenta de Twitter es personal y que el quejoso podía acceder a la información pública a través de otros medios. Al final el juez decidió que el presidente municipal faltaba a su deber de comunicar a sus gobernados y vulneraba el derecho de acceso a información por el hecho de bloquear en Twitter a un ciudadano.
Estos casos abren muchas preguntas: ¿un servidor público que en sus redes sociales cuenta lo que hace todos los días en su cargo y también comunica una ceremonia familiar puede luego reclamar respeto a la vida privada? Si para mejorar la comunicación un gobernador platica del partido de futbol de su hijo en la misma cuenta en la que avisa de la inauguración de una clínica, ¿puede distinguir vida privada y vida pública en sus redes? ¿Una persona debe aguantar insultos y burlas sólo porque es funcionario público? De cualquier manera, la libertad de expresión es un valor cardinal y debe protegerse frente al que tiene poder.
Pero en este proceso electoral, las redes sociales se han convertido en un campo fértil para la intolerancia, el hostigamiento, el discurso de odio, la propaganda y la mentira. No hay figura pública que no vea sus redes sociales llenarse de comentarios llenos de odio, insultos y amenazas al subir cualquier contenido. Algunos piensan que es una canalización del descontento social. Otros han dicho —y documentado— que buena parte de esta epidemia de agresiones e insultos en redes se trata de estrategias de campaña negra orquestadas por adversarios, partidos y hasta intereses o gobiernos extranjeros.
La realidad es que hay un efecto muy pernicioso del discurso de odio en las redes sociales: el alejamiento de la mayoría silenciosa. Esas personas que quieren acercarse a una página de Facebook o Twitter a ver qué propone un candidato y que al leer los comentarios de odio siente un rechazo natural e inmediato y prefiere salirse. Esa persona queda convencida de que la política es una competencia sucia donde gana el que es capaz de arrojar más lodo a la reputación e imagen de los demás. Uno quiere pensar que no es así, pero cuando eso pasa es muy difícil convencer al ciudadano de que la política es mejor que eso.
Qué bueno que se concedió el amparo para tener acceso a la información de las cuentas de redes sociales de funcionarios. Pero toca también a los liderazgos políticos no ser ejemplo del discurso de odio que luego utilizan sus seguidores.