Ante la creciente presencia de niñas, niños y adolescente en entornos digitales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a los distintos niveles de gobierno a diseñar políticas públicas que garanticen espacios urbanos seguros y escuelas presenciales equipadas, donde se limite el uso de dispositivos digitales en las aulas y se priorice el aprendizaje vivencial para niñas, niños y adolescentes.
En un comunicado. el organismo que dirige Rosario Piedra señaló que las tecnologías de la información y la comunicación forman parte fundamental de la vida cotidiana de personas jóvenes, niñas, niños y adolescentes, al facilitar el acceso al conocimiento, la comunicación, la participación y el ejercicio de diversos derechos.
Menores expuestos a riesgos
Sin embargo, advirtió que la creciente presencia de estos sectores de la población también los expone a riesgos que pueden afectar su seguridad, desarrollo integral, salud mental y bienestar.
Ante este panorama, subrayó que la protección de personas jóvenes, niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales es una responsabilidad compartida entre las familias, las instituciones educativas, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, las empresas tecnológicas y la ciudadanía en general.
Consideró fundamental impulsar espacios de participación y convivencia fuera de las pantallas mediante actividades lúdicas, recreativas, culturales, artísticas y deportivas, al señalar que estas prácticas contribuyen al desarrollo físico, emocional, cognitivo y social, fortalecen habilidades socioemocionales y fomentan la creatividad, la autoestima, la disciplina, el trabajo en equipo, la solidaridad y el respeto a la diversidad.
Condenan dichos de diputadas locales
En otro tema, la CNDH expresó su preocupación por las declaraciones de las diputadas locales de Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil y Grace Palomares Ramírez, al considerar que sus comentarios sobre las personas adultas mayores constituyen una violación a los derechos humanos, una manifestación de edadismo y un acto de violencia institucional.
El organismo señaló que las expresiones difundidas en redes sociales, en las que las legisladoras se burlaron del envejecimiento al afirmar que las personas mayores “huelen a baúl” y “se están pudriendo”, rebasan los límites de la libertad de expresión y se convierten en discursos de odio y estigmatización.
