Organizaciones de la sociedad civil de Honduras, Guatemala, El Salvador y México llaman a los Estados a respetar la Convención de Derechos del Niño en el manejo de la crisis humanitaria de la niñez, adolescencia y juventudes en situación de migración, frenar la violencia en los operativos instrumentados para su detención y deportación, así como garantizar su derecho al refugio en su tránsito por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos.
“Hacemos un llamado urgente y enérgico a los Estados para que asuman la responsabilidad contenida en la Convención de Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales, que establecen la adopción en materia de protección, cuidado, acceso a servicios, de marcos normativos o cualquier otro mecanismo que respete los derechos humanos y que garantice los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como el principio del interés superior de la niñez”.
En un pronunciamiento, la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (Acisam) de El Salvador, la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA) de El Salvador, la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni) de Guatemala, la Coordinadora de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden) de Honduras, y a la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), expusieron la situación crítica que están enfrentando los menores migrantes en la región.
La Redim indicó a su vez que de enero a julio de 2021, el gobierno mexicano había realizado 20 mil 186 detenciones de niños, niñas y adolescentes migrantes (40 % mujeres y 60 % hombres). Esto representa un aumento del 210.2 % con respecto al mismo periodo de 2020 (6 mil 507 casos en total).
Se agrega que tres mil 625 personas, entre 0 y 17 años (31.3 % mujeres y 68.7 % hombres), fueron deportadas por el Estado mexicano entre enero y julio de 2021, lo que significó una reducción de 18.3 % con respecto a lo observado de enero a julio de 2020 (cuatro mil 437 casos en total).
Las organizaciones y redes en Centroamérica y México, tomando en consideración la situación expuesta de la migración, reclamaron la falta de compromiso de los Estados sobre el cumplimiento de garantías en los derechos, que condena a las poblaciones migrantes a vivir permanentemente en una crisis humanitaria, “obligando a las familias a desplazarse internamente o tomando la ruta migratoria en la que se exponen a diferentes riesgos”.
