No se entiende el afán de muchos políticos del actual régimen que parecen estar buscando a diario una excusa para proponer alguna ocurrencia que roza los límites de la inconstitucionalidad e incluso de la mera racionalidad. Podría pensarse que hay mucho por cambiar y mucho por mejorar en México, lo cual sin duda es cierto, pero eso no quiere decir que los cambios tengan que estar en manos de pirómanos que pretender incendiar el país para decir que lo transformaron. Las cosas pueden y deben conducirse de forma diferente.
La mejor ruta para hacer frente a los problemas parece que están claramente escritas en la Constitución: ahí está el mejor plan programático que se ha escrito en la historia moderna de México, totalmente comprensible para quien se tome la molestia de leerla e interpretarla de buena fe.
¿Se quiere hacer frente a la pobreza? Ahí están los derechos humanos a la salud, a la educación, a la vivienda, las normas que protegen a los trabajadores.
¿Se quiere derrotar a la delincuencia? La Constitución les dice a las autoridades que se coordinen, que cuenten con policías capacitados, que tomen en cuenta con diligencia y de manera oportuna las denuncias ciudadanas, que recaben pruebas, que respeten el debido proceso.
¿Se quiere una mayor rendición de cuentas y un combate eficaz contra la corrupción? Ahí están las previsiones sobre la transparencia gubernamental, sobre la tarea de la Auditoría Superior, las reglas inactuadas hasta ahora del Sistema Nacional Anticorrupción.
¿Por qué todo eso parece haberse olvidado y en vez de acatarse se le intenta hacer añicos? En el pasado la Constitución fue masivamente manipulada por el régimen autoritario que gobernó México durante décadas. Cualquier intento de avance democrático debe estructurarse sobre un compromiso ineludible con el ordenamiento constitucional. No habrá un país en paz y un país próspero sin Estado de derecho.
De lo que se trata, no hay que olvidar, es de construir un sistema de normas e instituciones que funcionen. No es que las personas que están en los cargos no importen. Claro que juristas preparados y comprometidos pueden hacer una gran diferencia, pero sus triunfos serán efímeros si no se construye entre todos un sistema que haga justicia de verdad, sobre la base del respeto compartido de las normas constitucionales. Que nadie lo olvide.