Este lunes inicia la 12a. época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la integración de los primeros ministros y ministras que han pasado por las urnas; tomarán posesión también de su cargo las y los jueces, magistrados electos a través de un proceso de votación inédito, y profundamente cuestionado.
No es difícil anticipar que la toma de protesta será un evento ampliamente difundido y que será la oportunidad para que políticos de todo el espectro hagan decenas de declaraciones triunfalistas o fatalistas, según su propia agenda. Pero una vez concluido ese día, ¿qué sigue?
Para algunos será la oportunidad de remontar a la SCJN que significa generar una Corte para la sociedad en la forma y en el fondo; en la forma, abriendo el acceso de la justicia a quienes más la requieren, es decir, a quienes viven injusticias; en el fondo, construyendo la justicia social desde siempre ausente en los juzgados de nuestro país.
Para otros el Derecho va a cambiar, no porque los legisladores vayan a reescribirlo, sino porque el interpretador último del Derecho cambió. Nuevos jueces, nuevos criterios. Sobre todo, si tienen muy claro el mensaje (oficial) de que lo anterior desentona con el régimen actual.
El cambio será paulatino, pero inexorable. Al modificar criterios, competencias e interpretaciones jurisdiccionales, el nuevo Derecho se filtrará poco a poco desde la judicatura al foro y de ahí a la doctrina y de ahí a las universidades.
Se ha dicho que acceso a la justicia significa que todas y todos puedan presentar demandas y defenderse de ellas en los tribunales del país. Justicia social, a su vez, implica construir el entramado doctrinario de justicialización de los derechos sociales: los universales y los dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad.
Además, una nueva SCJN debe extirpar la corrupción y actuar bajo el principio de la austeridad, como orden la ley. También existe otra corrupción socialmente muy lesiva, la que comercia con los derechos de las personas cuando se tuerce ley: tráfico de influencias, conflicto de interés.
Sin embargo, desde el punto de vista de los litigantes, los juicios serán más tortuosos debido a la inexperiencia y el desconocimiento de los recién llegados, las vacantes de personal, la necesidad de los recién llegados de pedir línea, el deseo de conseguir el visto bueno antes de emitir sentencia para no poner en riesgo la chamba, etc. Y de la mano de esto: más sentencias de menor calidad (Quod natura non dat, ChatGPT non praestat).
Se espera que las prioridades de la próxima SCJN deben ser: acceso a la justicia, justicia social, austeridad y combate a la corrupción.
Sin embargo, ahora que todos podrán presumir el mismo origen “democrático”, iniciará una competencia intra e inter órganos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conseguir más control e influencia al interior del PJF, comenzando por la integración y control del órgano de administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros y presupuestales.
La elección ya se celebró, pero la reforma judicial apenas empieza.
