El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de controversia constitucional por la designación de la figura de superdelegados federales.
“De no hacerlo (interponer la controversia constitucional) estaría incurriendo yo en una grave omisión al pacto federal”,.
Aureoles explicó que “no puede haber una autoridad paralela en los gobiernos estatales; menos cuando hay un gobernador que fue electo y legitimado, y con esa figura (superdelegado) invadir competencias y facultades porque en la práctica lo que se está haciendo es instalar una autoridad paralela”.
Para Silvano Aureoles, la designación de esa figura por parte del gobierno federal no es un tema menor, ya que pone a prueba a las instituciones ante una ruta y acciones legales, así como actos que ponen en riesgo la soberanía del Estado y la vida de la República federal.
“No volveré a convocar a ninguna sesión de seguridad como la del día de ayer. Se hizo por cortesía y plena disposición a colaborar con el gobierno de la República, pero no volverá a suceder; no volveré a convocar a una sesión de esta naturaleza porque no hay las facultades”, advirtió.
Señaló que una vez que revisó lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las figura del llamado superdelegado, habla de atribuciones sólo en los programas de desarrollo.
“Sin embargo, los señores se han atrevido a girar sendos oficios donde están convocando a los fiscales, cuerpos de seguridad, comandantes, no sólo en el ámbito estatal sino también regional”, acusó.
Ante medios de comunicación, Aureoles sostuvo que en materia de seguridad los temas son muy delicados “y no podemos estar convocando a personas que no sabemos quienes son”.
“Hemos revisado y nos han contestado del Centro de Control de Confianza que no tienen registro alguno de que estos cumplan con el perfil. Por esa razón no participará nadie del Gobierno del estado en estas convocatorias”, reiteró.
El mandatario michoacano adelantó que cuando alguien designa a una persona que no tiene el perfil, se hace acreedor a una pena de hasta ocho años de cárcel.
