La alianza electoral en la que concurren PAN, PRI y PRD en el proceso electoral de 2021 tiene la intención de defender lo más básico de la democracia que asedia cotidianamente el gobierno de AMLO. Defensa de la democracia contra el autoritarismo; de la división de poderes contra la concentración de poder en el Ejecutivo; del federalismo y las instituciones autónomas contra el clientelismo y la utilización de grandes grupos sociales para propósitos de partido; del carácter civil del servicio público contra la militarización creciente de las ramas del gobierno, etc. Si estas no fueran las disyuntivas en que el gobierno de la cuatroté coloca al país, la alianza no tendría sentido y podría verse como una incongruencia de partidos que en realidad disfrazarían en ella finalidades oscuras, como lo hacen sin duda Morena y sus aliados el Verde y el PT.
Pero los actuales no son tiempos normales. Vivimos en un periodo de la historia de México en que una gran regresión histórica ha tomado las riendas del poder disfrazada de transformación progresista. Eso es lo que nos ofrece el populismo de AMLO en la economía, la vida social, la política y la cultura —y ni qué decir del criminal manejo de la pandemia—, dando a cambio una exhibición de ineptitud y mediocridad para gobernar y la denigrante formación de una base de apoyo a través de transferencias directas personificadas en dádivas del jefe máximo. Por esta razón, se justifica plenamente la unidad de los partidos de oposición para contender contra Morena y sus satélites. Pese a quien le pese, esos partidos son parte de la defectuosa pero existente democracia mexicana que aquellos se empeñan en derruir. Entre estos partidos hay diferencias claras, pero tienen coincidencias implícitas o explícitas que con frecuencia ni ellos mismos advierten y que es menester poner en primer plano.
La Alianza está ayuna de este programa común que puede desplegar con detalle y hacerlo con gran transparencia y claridad para el público, sin defecto de la singularidad de cada partido. El aspecto principal que merece una centralidad visible es la coincidencia en el imperativo de sostener la democracia constitucional con todos y cada uno de sus derechos y consecuencias institucionales para continuar la interrumpida construcción de un estado democrático de derecho.
La democracia constitucional no es únicamente la garantía del voto de la mayoría. Esta por sí sola, sin atarse a los derechos fundamentales comporta el riesgo de la imposición despótica cuyo espejo latinoamericano es Venezuela. La democracia constitucional exige la aceptación colectiva de que todas las personas tenemos derechos que ninguna mayoría puede violentar, negar, abolir o regatear. Únicamente dentro de esos límites es admisible que la voluntad mayoritaria imprima una dirección que deberá siempre respetar el objetivo de ampliar, no de restringir esos derechos.
La alianza de la oposición por el control de la mayoría de la Cámara de Diputados debe centrarse más que nunca en la defensa de las instituciones de equilibrio de poder y rendición de cuentas. Sin ellas, los derechos civiles, políticos y sociales que se desmantelan día con día serán reducidos a cenizas. Por eso es urgente que se proponga un programa político y legislativo inequívoco y detallado que imponga los límites que el Ejecutivo ha ido destruyendo uno por uno.