Del 24 al 30 de octubre se conmemora la Semana del Desarme de las Naciones Unidas, cuyo inicio coincide con el aniversario de la entrada en vigor de su Carta, en 1945.
La fecha recuerda que la búsqueda del desarme y la prevención de los conflictos armados siguen siendo compromisos centrales del orden internacional contemporáneo.
Más de 80 décadas después, persisten la amenaza nuclear y el uso de la fuerza que vulnera la soberanía y la integridad territorial de los Estados.
A ello se suman los riesgos de las nuevas tecnologías militares, incluidos los sistemas de armas autónomos. La acumulación excesiva de armas convencionales y su comercio ilícito también comprometen la paz y la seguridad internacionales, así como el desarrollo sostenible de nuestras sociedades.
En 2006, Kofi Annan, entonces secretario general de las Naciones Unidas, advirtió que el tráfico ilícito de armas pequeñas y l igeras provocaba decenas de miles de muertes anuales. “Estas armas pueden ser pequeñas, pero causan una destrucción masiva”, afirmó.
Hoy, esta preocupación exige respuestas del derecho internacional. En noviembre de 2022, México solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva para esclarecer las obligaciones de los Estados frente a las actividades de las empresas privadas dedicadas a la industria de armas de fuego y sus efectos sobre los derechos humanos. Un arma puede fabricarse y comercializarse legalmente, pasar por intermediarios y terminar en el mercado ilícito.
La iniciativa mexicana adquiere especial valor en un contexto de tensiones para el multilateralismo y cuestionamientos a las instituciones internacionales.
Acudir a la Corte Interamericana reafirma la importancia de los mecanismos que los propios Estados han creado para interpretar sus compromisos.
La vigencia del derecho internacional también depende de que estas instituciones puedan ejercer sus funciones y de que sus criterios sean respetados.
La Opinión Consultiva OC-30/25, adoptada en diciembre de 2025, precisó que la protección de la vida y la integridad personal exige prevenir el desvío de armas hacia el mercado ilícito desde su comercialización legal.
Para ello, los Estados deben garantizar su identificación y rastreo, supervisar a las empresas y evaluar los riesgos para los derechos humanos antes de autorizar su exportación. Estas medidas buscan evitar que operaciones comerciales legales terminen facilitando actos de violencia.
La opinión consultiva también señaló que las empresas deben identificar y reducir los riesgos asociados con sus actividades, bajo supervisión estatal.
Dado que las armas pueden circular por distintos países, los Estados deben intercambiar información y colaborar en las investigaciones. Esta cooperación permite reconstruir el recorrido de un arma utilizada para cometer un delito.
Para quien vive en una comunidad afectada por la violencia armada, saber dónde se fabricó un arma o quién autorizó su venta puede parecer irrelevante.
Sin embargo, los controles establecidos durante su comercialización pueden impedir que llegue al mercado ilícito y termine en manos de quienes las utilizan para cometer delitos.
Ahí radica la importancia de las obligaciones precisadas en la opinión consultiva solicitada por México. Su cumplimiento puede contribuir a prevenir la violencia armada y proteger la vida y la integridad de las personas.
