El próximo 1 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará una nueva etapa. Con la renovación de su pleno tras la elección judicial, se abrirá también una ventana de responsabilidad histórica: resolver los grandes asuntos constitucionales que han quedado pendientes.
No son temas menores ni de trámite, son decisiones que definirán la vigencia del Estado de derecho en México y la solidez de sus contrapesos.
La prisión preventiva oficiosa es, quizá, el asunto más urgente. Se trata de una figura que permite privar de la libertad a personas acusadas de ciertos delitos sin que un juez valore las circunstancias específicas del caso.
Si bien la actual integración de la Corte cuenta con el proyecto a cargo de la ministra Ríos Farjat, donde se propone declarar la inconvencionalidad de esta figura, se antoja difícil que lleguen a tiempo a esta discusión, en tanto que la acción de inconstitucionalidad 49/2021 se encuentra en el número 18 de la lista oficial publicada este 1 de agosto.
Además, la Suprema Corte tendrá que responder al llamado de cooperación de la Corte Interamericana. En esta línea, uno de los asuntos cruciales que deberán resolverse a la brevedad por la nueva Corte es el expediente sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales 3/2023 donde la Corte Interamericana solicitó la colaboración del pleno con el objeto de que se determinen las acciones a seguir en relación con la sentencia emitida en el caso García Rodríguez y otro contra el Estado mexicano, donde en resumen se señaló que la prisión preventiva oficiosa es contraria a la convención americana de derechos humanos.
Finalmente, otro asunto de gran importancia es la acción de inconstitucionalidad 126/2023 y su acumulada 128 donde se impugna la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
La Corte, mediante su acuerdo general 6/2023 ordenó suspender la resolución de amparos individuales presentados por instituciones y académicos y que ya se encontraban siendo estudiados en tribunales, hasta que se resolviera dicha acción de inconstitucionalidad y se pudiera sentar un criterio general.
Esta decisión se tomó buscando dar certeza jurídica y evitar interpretaciones fragmentadas. Sin embargo, esa prudencia procesal no desembocó en una sentencia, por lo que será la nueva Corte la que resuelva este asunto y dé por fin claridad a todas aquellas partes que han impugnado dicha ley.
La nueva Suprema Corte inicia su gestión en un contexto donde las expectativas sobre su papel como garante de la Constitución son altas.
Estos casos son tan solo ejemplos de los pendientes a los que se enfrentarán las y los ministros electos. Como se aprecia, no se habla de simples expedientes en trámite; son cuestiones que pondrán a prueba la solidez del sistema de justicia constitucional.
La Corte deberá resolverlos con independencia, rigor técnico y responsabilidad institucional. En la resolución y votación de estos casos residirá su verdadera legitimidad: en demostrar que, más allá de coyunturas, el equilibrio de poderes y la protección de los derechos fundamentales siguen teniendo un espacio en el Estado mexicano.
