De noviembre de 2023 a febrero de 2024, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro se calzó los guantes para poner a pelear a su país en varios tinglados contra la Unión Europea (UE), Guyana, Reino Unido, Uruguay, Ecuador y Argentina, y escalar el miércoles a un pleito de consecuencias imprevisibles con la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El cuestionado presidente izquierdista venezolano arreció ese día el choque con el organismo mundial al expulsar a la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Venezuela y, en un ultimátum, otorgar 72 horas a sus 13 integrantes para salir de territorio venezolano.
Al condenar desde AI “de manera contundente” la expulsión de la OACNUDH, Del Campo dijo que el acto “supone preocupante escalada en los intentos del país de eludir el escrutinio internacional y la rendición de cuentas (...) Por ello se torna más vital que nunca el rol de la comunidad internacional en mantener la atención sobre el país, empezando por elevar las alarmas y denuncias durante la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos [de la ONU] que tendrá lugar en las próximas semanas”, sugirió.
“El incremento de la represión es muy preocupante y hace cuestionarnos sobre el interés del gobierno de Venezuela de ser reconocido internacionalmente y de recibir alivio de sanciones”, adujo la abogada venezolana Laura Dib, directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), institución no estatal de EU de defensa de los derechos humanos.
En año electoral, el gobierno intenta “callar la voz de la sociedad civil que denuncia graves violaciones a los derechos humanos”, declaró Dib a este diario. Al insistir en “importancia del diálogo y en la necesidad de reducir las tensiones políticas con el fin de encaminar el país hacia las elecciones y la democracia”, clamó para que “no se quemen esos puentes”.
Venezuela expulsó el miércoles a OACNUDH por actitud “colonialista, abusiva” y un “impropio papel” por el que se convirtió “en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.
Maduro ordenó la medida luego de que, el martes pasado, OACNUDH expresó “profunda preocupación” por el arresto en Caracas, desde el 9 de este mes, de la abogada venezolana Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, organización no estatal de Venezuela sobre seguridad y defensa, experta en asuntos militares y activista de derechos humanos.