El gobernador Alejandro Murat denunció que en municipios como Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, el crimen organizado se ha infiltrado hasta las instancias del Gobierno Municipal, por lo que en su Cabildo existen personas relacionadas con la “mafia”.
“Basta observar cómo municipios como Juchitán, en su Cabido, tienen nombres de capos de la mafia”, dijo el gobernador al micrófono en un evento púbico del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Semejante declaración el gobernador la efectuó en una reunión político-electoral de los delegados de su partido, el PRI, que se realizó el pasado 10 de febrero en la cual participó como orador y habló sobre los temas de seguridad y de gobernabilidad.
Al denunciar lo que se viven en Juchitán, actualmente gobernada por el edil morenista-petista Emilio Montero Pérez y que vive una ola de violencia, Murat cuestionó al público si “queremos más experimentos o la gobernabilidad que tiene hoy Oaxaca y seguir creciendo”.
Tras los dichos del gobernador, este viernes en conferencia de prensa, integrantes del Cabildo del municipio de Juchitán lamentaron y condenaron las palabras emitidas por el gobernador de Oaxaca, en las que afirma que, dentro del órgano esencial del gobierno juchiteco, hay personas vinculadas al crimen organizado, que generan la inseguridad en el municipio.
En su intervención, el edil Emilio Montero Pérez señaló que el gobernador “no es ajeno al derecho constitucional, y por lo tanto, sabe que acusaciones de esa naturaleza deben ser puestas ante la autoridad competente, para que inicie las investigaciones correspondientes”.
“¿Por qué exponerlas en un acto político y electoral, sólo para ganar el aplauso fácil, y no ante las fiscalías? Si tiene pruebas de sus dichos, cubiertos de mezquindad, preséntelas, de lo contrario, le pedimos que se retracte”, dijo.
En tanto, integrantes del Cabildo indicaron que al margen de las filiaciones políticas, actúan con plena responsabilidad para atender todos los ámbitos de la vida pública, que exigen conductas éticas basadas en la honestidad y en la rendición de cuentas, y no han descuidado los temas que tienen que ver con la atención ciudadana.
En el rubro de la reconstrucción, recordaron que el Gobierno Estatal tiene un adeudo de 131 millones de pesos con 4 mil 200 juchitecos, damnificados del terremoto del 2017, cuyas viviendas tuvieron daños parciales.
Asimismo, exigieron una disculpa pública y exhortaron a que se lleve a cabo, de manera urgente, una reunión de trabajo en el municipio.
