Con un listón blanco en el brazo derecho y en la solapa del saco, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) encabezaron una inédita protesta en demanda de respeto a la división de poderes y negaron de manera categórica que ganen más de 600 mil pesos al mes.
En un mensaje que se dio a conocer a los medios de comunicación en las escalinatas del edificio del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, los juzgadores acusaron al Poder Legislativo de tratar de intervenir en la vida interna del Poder Judicial, el cual ha sido dotado por la Constitución de mecanismos de autorregulación.
“Estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como ejercicios modernizadores, que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos”, leyó el magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito, que convocó al acto.
Sin embargo, agregó, “en el fondo esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el estado de derecho”.
Quienes lo hacen, enfatizó el magistrado Vega Ramírez, no sólo desconocen el funcionamiento de la judicatura, sino que olvidan que han sido precisamente las resoluciones judiciales las que han abierto la posibilidad de materializar parte de la agenda de derechos humanos del nuevo gobierno, lo que refleja el compromiso de los jueces federales en la construcción de una sociedad mejor y más justa.
En el texto de cuatro cuartillas, advierten sobre el riesgo que conlleva mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores haciéndolos pasar por oportunistas que sólo buscan el beneficio personal y el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones.
Expresan que posicionar el “falso discurso de que vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas como que percibimos más de 600 mil pesos, que no corresponden ni cercanamente a la realidad”, también ponen en riesgo la seguridad de los jueces y de sus familias.
Advierten que estarán atentos a las resoluciones que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que precisa que ningún funcionario debe ganar más que el presidente de la República.
Consejeros del INEEprecisan que sus salarioslos define la ley
Los salarios de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) no los determinan ellos, sino que se rigen por la Ley de la Administración Pública Federal, defendieron los consejeros de la dependencia.
La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó los sueldos elevados de los consejeros y lo cara que resulta la manutención del INEE: “mil 500 millones de pesos. Lo mismo, los altos funcionarios bien atendidos, bien servidos”.
Sobre el tema, el consejero Bernardo Naranjo señaló que la quincena pasada su cheque de pago le llegó de entre 56 mil y 57 mil pesos, y que en el instituto “el salario no lo establece la Junta de Gobierno, el salario lo establece la ley, y la ley nos equipara a los salarios de la Administración Pública Federal. Nosotros a partir de esa ley nos tenemos que mover”.
De cualquier forma, el organismo autónomo solicitará para 2019 un presupuesto 20% menor al que le aprobaron para 2018. En conferencia de prensa para presentar los Documentos Ejecutivos de Política Educativa, la presidenta de la junta de gobierno, Teresa Bracho, dijo que el presupuesto destinado al organismo autónomo en 2019 será menor a mil millones de pesos al año, es decir, menos del 1% de los recursos que se destinan a la educación.
No satanizar a quienes buscan certeza sobre salarios, insta CNDH
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, pidió no satanizar a quienes exigen certeza jurídica en las reformas respecto a los salarios de los servidores públicos.
Dijo que se busca que prevalezcan el estado de derecho y la certeza jurídica.
“El que se ejerzan los amparos es un recurso que prevé el ordenamiento jurídico. No satanicemos ni nos confrontemos porque se ejerzan los recursos, la certeza jurídica es un derecho humano fundamental”, señaló acompañado de los senadores Emilio Álvarez Icaza y Kenya López.
Subrayó que la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la CNDH en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos tiene como único fin garantizar la certeza jurídica, y destacó que “impugnamos en la acción de inconstitucionalidad cuáles son los criterios para fijar que sea determinada cantidad y no menos o más”.