Este jueves la SCJN discutió y votó el proyecto del ministro Luis María Aguilar en el que se proponía declarar la inconstitucionalidad de la propuesta de llevar a cabo una consulta popular con la pregunta de si se debe enjuiciar a los expresidentes por la presunta comisión de delitos. En este artículo quiero analizar algunos de los argumentos expuestos ayer, así como lo que generan. Pero sobre todo quiero analizar cómo la impunidad también pasa por el lenguaje y la argumentación que usan los abogados.
Para empezar me parece preocupante el nivel de argumentación sobre un tema tan importante: combatir la impunidad en actos de corrupción. Las autoridades competentes deben investigar y sancionar los delitos de los que tienen noticia, sin importar qué tan populares o impopulares sean los mismos. Ayer, en lugar de discutir sobre el tema de la constitucionalidad o no de poner a consulta popular la verdad, la justicia, la reparación del daño y el debido proceso en este país, algunos de los ministros decidieron argumentar sobre la distinción entre la constitucionalidad de la materia y la obligatoriedad de la pregunta, sobre el tema de la vinculación para las autoridades de una consulta popular, sobre la conveniencia de incluir la participación ciudadana en el derecho penal, todos temas muy importantes, pero muy jurídicos y muy ajenos a lo que la gente entiende y a lo que originalmente se les pidió discutir.
Debido a la cerrada votación (6-5) contra de la propuesta del ministro Aguilar, se decidió reformular la pregunta para que se considerara constitucional: “Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. Se determinó cambiar la pregunta por una completamente distinta y bastante ilegible con tal de salvaguardar su papel como garantes de la Constitución.
Preocupante que vimos la facilidad con que los argumentos se amoldan a la visión del poder. Los argumentos y las palabras tienen un poder muy grande para cambiar la realidad de un país, para bien y para mal: como el abuso sexual de una menor de edad que queda impune porque se determina que no hubo “actitud lasciva” de por medio. O la muerte de una mujer a manos de su exmarido porque se determina que el primer intento de asesinato se debe “reclasificar” de feminicidio a agresión. Pero también los argumentos tienen el poder de dejar las cosas intactas. Como las fortunas amasadas de forma ilegal por las personas que han incurrido en actos de corrupción.
Vivimos inmersos en impunidad e injusticia por múltiples causas: por la baja capacidad de las instituciones de justicia, por la baja denuncia, por la corrupción, por la desconfianza en las autoridades, por la desarticulación entre autoridades, por el abandono en el que han dejado a las instituciones de seguridad y justicia. Sin embargo, la injusticia también pasa por el lenguaje y la argumentación de algunos abogados y operadores del sistema. Basta leer algunas carpetas de investigación y sentencias. Lo que vimos ayer refleja una alta capacidad argumentativa de temas complejos por parte de abogados, para defender lo indefendible con el propósito de acomodarse al discurso popular en turno y no cambiar en modo alguno las cosas. La pregunta reformulada por la Corte es en exceso confusa y ambigua. El problema es que las cosas siguen igual, los corruptos siguen libres, el dinero robado sigue en cuentas extranjeras y los operadores del sistema de justicia siguen cómodos en su ineficacia y su corrupción. Por no ver las verdaderas causas del problema de la impunidad en el país nos quedamos con lo mismo, con una pregunta nueva y con la misma impunidad e injusticia para estos casos.