Recientemente, en una entrevista, conocido exfuncionario federal declaró que en algún gremio del país se había acabado el marchómetro. Aludía con ello a los méritos que supuestamente se hacen al participar en las marchas y manifestaciones públicas que se observan tan frecuentemente en estos días. Sin embargo, no terminan así.
Esta expresión es un derecho, sin embargo las afectaciones al resto de la sociedad ya son de consideración al sumarse los bloqueos.
En el pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos planteó una solicitud al Gobierno del Distrito Federal de aplicar medidas cautelares para la protección y seguridad de sus habitantes, instituciones públicas, instalaciones comerciales y vialidades, por constantes marchas y bloqueos.
Según el organismo, el planteamiento obedece a la trascendencia de los reclamos de las personas y la sociedad en general. Con las medidas cautelares se pretende evitar omisiones que susciten daños a las personas y sus bienes, así como obstrucción a la libertad de tránsito. También, que la autoridad actúe en aquellos casos donde los manifestantes cometan agresiones que puedan constituir delitos.
En el mismo sentido, un instituto político pidió iniciar de manera formal un debate para regular las marchas en la capital del país con una legislación que permita que las calles sean ocupadas sin ejercer violencia y sin perjudicar a nadie. El argumento es que se debe dar respuesta oportuna a la sociedad que reclama evitar el caos de todos los días.
Se ha expuesto que la realidad social sobrepasa a la ley y que los disturbios en las calles y las acciones vandálicas de unos cuantos que nada tienen que ver las reivindicaciones o las protestas sociales, requieren atención. Sin estar en contra de las manifestaciones, debe haber un orden, evitar afectar los derechos de terceros.
Ante este repetitivo patrón de todos los días, ha habido llamados urgentes a que se garantice el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática, a terminar con la impunidad y poner un alto a los grupos que dañan la paz, la convivencia y la seguridad del ciudadano.
Por su parte, organismos empresariales han hecho ver que no se podrá alcanzar crecimiento económico ni desarrollo del país, sin antes resolver el problema de impunidad. El país que tiene futuro debe tener como base y principio el Estado de Derecho y el respeto irrestricto en todos los ámbitos: desde la atención a los delitos más graves contra las personas, hasta la garantía de libre tránsito para los ciudadanos en el contexto de las manifestaciones.
Y tienen razón. Hoy, marchan hasta los que piden respeto a la invasión –toma, dicen– de tierras. Se marcha ahora para no cumplir con las obligaciones en el trabajo y hasta para perpetuar privilegios, o para oponerse a la democracia. Y es tal el nivel de confusión que no faltan desinformados que apoyan ese estado de cosas en el que resultan víctimas indirectas.
La cohesión social y la prosperidad que anhelan los ciudadanos dependen de la capacidad para afianzar la subordinación de sociedad y gobiernos a la ley.
Esto forma parte de lo que han manifestado diversos grupos de la sociedad, entre ellos empresarios, trabajadores a los que preocupa el desorden en cada movilización. Los desmanes, las agresiones tumultuarias que no han estado ausentes.
