El bicameralismo, como parte de la forma de organización de nuestro Estado constitucional surgida en 1917, ha representado un modo efectivo para generar contrapesos y ampliar el debate de las reformas que necesita el sistema jurídico mexicano, cuando menos en teoría, ya que por mucho tiempo las mayorías que controlaban las discusiones se sometieron a la voluntad presidencial y del partido hegemónico.
En la actualidad, luego del inicio de la Cuarta Transformación en 2018, se ha logrado una independencia inédita en el Congreso de la Unión, que ha permitido que la voz de la ciudadanía se escuche en los temas de mayor trascendencia nacional, mediante auténticos ejercicios de Parlamento abierto.
Tal es el caso del debate sobre el decreto por el que se expediría la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se modificarían diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Esta discusión es parte de la agenda legislativa pendiente de emisión por mandato judicial, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación generó jurisprudencia.
Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República se realizaron amplias mesas de trabajo en Parlamento abierto, con la participación de personas expertas, colectivos de consumidores y demás integrantes de la sociedad civil, que dieron como resultado un proyecto de ley serio, en el cual se establecen atribuciones y facultades, modalidades de permisos y licencias; se regulan los usos industriales del cáñamo, la investigación y el desarrollo tecnológicos, e incluso el empaquetado y etiquetado de los productos comercializables de cannabis para uso lúdico. No obstante, existen algunos puntos de desacuerdo que han impedido su aprobación en ambas cámaras.
¿Por qué se ha retrasado la aprobación de esta ley? De acuerdo con el apartado D del artículo 72 constitucional, cuando un proyecto de ley o decreto es desechado por la Cámara de revisión, vuelve a la de origen con observaciones y, si es aprobado nuevamente por ésta, vuelve a la que lo desechó, la cual, si vuelve a hacerlo, impide que el documento se pueda volver a presentar en el mismo periodo de sesiones.
Con el inicio de la LXV Legislatura se abrió una nueva posibilidad de discutir y aprobar esta ley largamente postergada, que pondría fin a 100 años de política prohibicionista y de criminalización al consumo de la flor del cannabis, abriendo, a su vez, un mercado multimillonario a nivel nacional e internacional, que podría ser beneficioso para la reactivación económica de nuestro país.
De aprobarse esta ley en el presente periodo ordinario de sesiones, también deberían realizarse algunas modificaciones al marco legal recaudatorio, para prever un impuesto especial al cannabis y sus derivados, como es el caso de otros productos con impacto en la salud pública: licores, cerveza, gasolinas y tabaco. Una proyección realizada por el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados calcula que la recaudación podría llegar a los 18,705 millones de pesos, de los cuales 15,543 millones dependerían del IEPS; 1534 millones, del IVA, y 1628, del ISR.
En este punto del proceso legislativo, en ambas cámaras se deberá privilegiar el diálogo para lograr un proyecto que se pueda votar en sentido positivo, garantizando derechos y libertades de todas las personas involucradas mediante instituciones facultadas para ello, erradicando los tratos discriminatorios y solventando las posibles ambigüedades. Es decir, el debate sigue vivo.