La detención del General Cienfuegos provoca muchas lecturas políticas y debates. Se cuestionó su detención como una afrenta contra las Fuerzas Armadas y no se valoró la trayectoria de 50 años al servicio de México del militar, lo cual permite la exigencia de un debido proceso en los Estados Unidos, ni se ha hecho un suficiente cuestionamiento de las actuaciones de la DEA en nuestro país, agencia que no escapa de poder ser observada por su “papel” en América Latina.
Para entender todo esto hagamos memoria: el reloj en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México marcaba las 18:00 horas del 17 de octubre de 2019. El actual presidente de México saldría 30 minutos después a una gira de trabajo por Oaxaca en el vuelo AM 2136; las noticias de la detención de Ovidio Guzmán ya estaban en manos del Presidente, sin embargo, ese día despegó el avión, pero el presidente no tenía un plan de aterrizaje. La posterior toma y control del territorio por parte del Cártel de Sinaloa y la liberación de Ovidio, dieron muestra del inicio de las afrentas del presidente contra las Fuerzas Armadas y contra las Agencias Norteamericanas en México. La acción de la DEA en el caso del General Cienfuegos no es una mera acción de esa agencia, es un manotazo asestado, producto de la descomunal corrupción, impunidad e inacción del Estado Mexicano desde la Fiscalía General de la República y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Hay quienes tienen la lectura de que “no avisar al presidente” es una falta de respeto. No es falta de respeto, es pérdida de confianza contra la inacción del gobierno mexicano para judicializar la información compartida por la DEA y por otras agencias, generada y verificada por las áreas de inteligencia de la Marina Armada de México y de las Fuerzas Armadas, contra capos o activos patrimoniales de la criminalidad organizada en México. Es también una afrenta contra dichas instituciones que arriesgan la vida 24 horas al día.
La pérdida de confianza en las oficinas de la Presidencia de la Republica es una realidad. Lo anterior obligó a los agentes de la DEA a actuar sin coordinación con el Estado. Ni el exsecretario Durazo ni el Fiscal Gertz, mucho menos el presidente, fueron informados; ellos se enteraron cuando las acciones ya se habían realizado, quizás porque el primero ha estado más interesado en la candidatura al gobierno de Sonora, y en el caso del segundo, simplemente ha desaparecido del mapa.
Dos son los momentos que se viven en México: el primero, la nueva etapa de la lucha contra el narcotráfico en donde las agencias norteamericanas han puesto el cascabel al gato y de las diversas investigaciones que realizan en México destacan las de políticos que serán candidatos a gobernadores, pues en esas candidaturas no solo se juega el ardid de la telenovela electorera que se viene para 2021, está la urgencia de fiscalizar los recursos de candidatos a gobernadores, y si dichas investigaciones son positivas en cuanto a la relación POLÍTICO-EMPRESARIOS-CRIMINALES, deberán culminar en maxi procesos judiciales en México. Es la oportunidad del Presidente de recuperar la confianza de las agencias internacionales en la lucha por la justicia y contra el crimen organizado.
El segundo momento son las afrentas de las Fuerzas Armadas, pues estas últimas sostienen que en México han sido “el vigilante de la democracia”, sin embargo esa tradición política está fracturada y se ve reflejada porque diversos grupos del Ejército Mexicano han decidido jugar un papel de contrapeso político y están estableciendo diálogos con grupos sociales, de poder económico y con grupos políticos.
El presidente hoy se equivoca en su tablero al pensar que los militares deben ser una estructura de la economía de guerra; por el contrario, las fuerzas armadas en México demandan su espacio político y social, su reivindicación desde el Estado.
La agencia norteamericana no solo demanda el desmantelamiento de organizaciones, exige que la información proporcionada propicie la judicialización de expedientes y por lo tanto se hagan los arrestos o desmantelamientos financieros de las tríadas políticas, empresariales y criminales. Lo que es un hecho es que para las agencias norteamericanas, la fiesta de impunidad y corrupción se acabó en México.